Cómo sigue la negociación del Gobierno con las empresas de colectivos tras el anuncio de los aumentos

Después de varios meses de conflicto entre las empresas de colectivos del área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Gobierno, que incluyó la reducción de frecuencias y afectó a miles de pasajeros, este lunes la Secretaría de Transporte de Nación oficializó el nuevo cuadro tarifario para los próximos tres meses. A pesar de la medida, el sector privado expresó su disconformidad con el porcentaje de incremento autorizado para el boleto y mantuvo un reclamo por una deuda millonaria que el Estado aún no regularizó.

Este lunes, la Secretaría de Transporte dispuso que el boleto mínimo de colectivo nacional suba a $714 para los usuarios con SUBE registrada, a $321,30 para beneficiarios de la Tarifa Social y a $1428 para quienes no tengan la SUBE registrada. Esta actualización, que entrará en vigencia el 18 de mayo, representa un ajuste del 2% y contempla nuevas subas del mismo porcentaje el 15 de junio y el 15 de julio. El organismo remarcó que los nuevos valores mantienen los boletos nacionales por debajo de los que rigen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los pasajes resultan un 5,6% más caros, y en la Provincia de Buenos Aires, donde la diferencia asciende al 35,7 por ciento.

La decisión de ajustar el cuadro tarifario llegó tras semanas de tensión entre las autoridades y las empresas, que reclamaron una actualización por la suba del precio del combustible y una solución urgente a la deuda acumulada. El conflicto escaló a tal punto que las compañías redujeron la frecuencia de los servicios, impactando de manera directa en la movilidad diaria de los usuarios del AMBA. A pesar del anuncio oficial, en el sector privado persiste el malestar por el escaso incremento autorizado y la falta de respuestas plenas respecto de los compromisos de pago pendientes.

Fuentes empresariales consultadas por Infobae evaluaron que el ajuste anunciado resulta insuficiente para cubrir el aumento de costos y la inflación acumulada. “Es un 6% dividido en 3 meses. O sea, 2 mensuales aproximadamente. Por debajo de la inflación. Cuando lleguemos a junio la brecha con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será mayor aún, porque ellos seguirán aumentando inflación más 2% todos los meses”, sostuvo una fuente del sector, reflejando la preocupación por la creciente diferencia tarifaria con otras jurisdicciones metropolitanas.

La diferencia con el boleto de colectivo de capital y la provincia se da porque todos los meses para las líneas que operan en ambas jurisdicciones se fijó un aumento de dos puntos más el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Que en el caso de la provincia, en mayo se agrando ya que la Secretaría de Transporte bonaerense tomó la decisión de que el aumento del boleto en lugar de ser de 5,4% sea de 11,6% por el aumento del precio del combustible.

Como había adelantado Infobae, los empresarios esperaban que el Gobierno comunique el aumento del boleto de colectivo para las lineas del AMBA a mediados de mayo. Se trata de una estrategia que desarrolló en otras oportunidades el Ministerio de Economía para ejercer una menor presión sobre la inflación y más aún luego del 3,4% que marcó en marzo con la expectativa de que en los proximos meses desacelere.

Con el nuevo cuadro tarifario para las lineas que operan en el AMBA la discusión no quedo saldada. Es que las empresas aún reclaman por una deuda millonaria que el Gobierno mantiene con el sector. De acuerdo a datos aportados por fuentes del sector a Infobae, al 30 de abril, la deuda total con las empresas del AMBA ascendía a $130.000 millones, de los cuales $50.000 millones correspondían al atributo social que la Nación adeuda a la provincia de Buenos Aires. Otros $30.000 millones estaban a cargo de la provincia, que se abonaron el 30 de abril, y los $50.000 millones restantes, corrian por cuenta del Gobierno, que se comprometió a transferirlos en la misma jornada.

Durante el último encuentro, el 30 de abril, las autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación asumieron el compromiso de realizar una transferencia por $56.000 millones para achicar la deuda y evitar el agravamiento de la crisis en el sector. Las compañías, por su parte, señalaron que la deuda acumulada y la insuficiencia de las tarifas complican la prestación del servicio y condicionan la normalización de las frecuencias.

En el sector empresario, el malestar se profundizó al considerar que la actualización oficializa una suba muy por debajo de la inflación. Las cámaras plantearon que la decisión del Gobierno no reconoce el impacto de la inflación sobre los costos operativos ni el atraso en los pagos correspondientes a subsidios. Además, advirtieron que, de sostenerse este ritmo de ajuste, la diferencia tarifaria con CABA y la provincia seguirá en aumento, afectando la competitividad de los servicios nacionales.

La situación financiera del sector se encuentra atravesada por la deuda que el Estado mantiene con las compañías. La Secretaría de Transporte prometió la transferencia de $56.000 millones para reducir el pasivo acumulado, una medida que busca descomprimir el conflicto y garantizar la continuidad de los servicios.

El conflicto entre las empresas de colectivo del AMBA y el Gobierno tuvo un impacto directo en la prestación del servicio durante las últimas semanas. La reducción de frecuencias y la incertidumbre sobre el pago de deudas condicionaron la movilidad diaria de miles de pasajeros, que vieron limitado el acceso a un servicio esencial. A pesar de la transferencia de fondos y el ajuste tarifario, el sector privado insiste en que el aumento resulta insuficiente y que la deuda acumulada sigue afectando la operatoria cotidiana.

El contexto de tensión en el transporte público del AMBA, marcado por la puja entre las empresas y el Estado, la disputa por las tarifas y la negociación por el pago de deudas, se mantiene abierto. Las próximas semanas resultarán claves para definir cómo evolucionará la relación entre el Gobierno y las compañías, y si se concretará un nuevo ajuste de tarifas acorde a las expectativas empresariales.