Qué argumentó la defensa de Tapia para intentar revocar su procesamiento por retención de aportes en la AFA

Las defensas reclaman sobreseimientos mientras que la fiscalía y ARCA buscan agravar la acusación. El presidente de la entidad sostuvo que “no hay un solo dato” que lo involucre de manera personal en los hechos

La suerte judicial del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, del tesorero Pablo Toviggino y de otros tres procesados por presunta retención indebida de aportes y tributos empezó a definirse en la Cámara en lo Penal Económico. Las cinco defensas desplegaron una batería de cuestionamientos que apuntan tanto a la falta de pruebas como a la supuesta construcción “forzada” de responsabilidades por el solo hecho de ocupar cargos directivos.

El abogado del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Luis Charró, sostuvo que el fallo “no menciona un correo, una orden, una nota o una decisión puntual” atribuible al dirigente, y que las conclusiones “no son sino consecuencia formal del cargo que ocupa”.

Sobre la deuda, reiteró que fue “cancelada íntegramente antes de tomar conocimiento de la causa” y que no está probado “en modo alguno” que diferir ese pago haya redundado en un beneficio económico para la Asociación, como sostuvo el juez. “La idea de ‘financiarse con el fisco’ hubiera sido un acto ruinoso”, agregó la defensa, según el recurso al que accedió Infobae.

Otro eje de las apelaciones apunta a la supuesta imputación automática por el rol institucional dentro de la AFA. En ese sentido, la defensa de Tapia denunció que se pretende “sustentar responsabilidad penal objetiva derivada exclusivamente del cargo”. Sobre el embargo millonario, calificó la medida como de “extrema magnitud” y “desprovista de fundamento suficiente”.

La defensa del tesorero Toviggino, por su parte, reclamó el sobreseimiento porque “en la peor de las lecturas, no puede más que estimarse que AFA, en todo caso, habría incurrido en una errónea interpretación de las resoluciones administrativas dictadas” por el Ministerio de Economía “respecto del momento en que debía haberse liquidado la deuda que jamás ocultó y que pagó con intereses antes de la denuncia”.

En su apelación, el secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, advirtió que “tener un cargo no implica responsabilidad penal automática” y que para imputar “se debe demostrar participación directa, conocimiento y dolo”. Los abogados Lucio Simonetti y Carlos Villar afirmaron que la resolución parte de “una interpretación incorrecta del estatuto de la AFA” y de una equivocada postura “sobre la acreditación material de los hechos”.