05:51Cómo es el “tapón fiscal” que otorga el régimen simplificado de Ganancias para los controles de ARCA

La Ley de Inocencia Fiscal introduce una presunción de exactitud. De esta manera, el organismo recaudador solo puede impugnar la información declarada si se detecta una discrepancia significativa

El “tapón fiscal”, implementado por la Ley 27.799 —conocida como de Inocencia Fiscal— a través del régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias constituye una herramienta de protección para ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El sistema introduce la presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas presentadas y abonadas bajo este régimen, lo que implica un blindaje jurídico sobre los períodos impositivos ya declarados y aceptados.

El mecanismo de protección abarca tanto el Impuesto a las Ganancias como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos no prescriptos, incluso cuando el contribuyente no tenía obligación previa de declarar, siempre que cumpla con los requisitos fijados por la normativa. La presentación y el pago en término, ya sea en efectivo o mediante un plan de facilidades dentro del plazo legal, activan automáticamente la presunción de exactitud y el efecto liberatorio para el contribuyente.

El acceso al régimen está reservado a personas y empresas cuyos ingresos totales no superen los $1.000 millones y cuyo patrimonio no exceda los $10.000 millones en los últimos tres ejercicios. Estos límites se verifican individualmente por año y son independientes de la condición previa del contribuyente. La adhesión se realiza a través del servicio “Sistema Registral” en la web de ARCA, seleccionando “Ganancias PH Simplificada”. El sistema emite una constancia digital que acredita la incorporación al régimen y puede ser utilizada ante entidades financieras como antecedente favorable.

Para conservar el blindaje, es necesario ratificar anualmente el cumplimiento de las condiciones legales. El falseamiento de datos o el incumplimiento de los requisitos implica la exclusión del régimen y la pérdida de sus beneficios. Mientras se cumplan las obligaciones de presentación y pago, ARCA solo podrá fiscalizar la facturación y los gastos deducibles, sin intervenir en la variación patrimonial ni en los consumos personales como consumidor final.

La declaración jurada simplificada se basa en un esquema precargado por ARCA, que el contribuyente puede revisar, ajustar o aceptar. Solo se permite impugnar la información declarada si se detecta una discrepancia significativa, definida por la existencia de una diferencia de al menos el 15% en el saldo del impuesto, la superación del umbral vigente en el Régimen Penal Tributario (hoy $100 millones) o la utilización de facturas apócrifas, sin importar el monto.

En todos los casos, la carga de la prueba corresponde a ARCA, que solo puede utilizar la información declarada, la que obre en su poder o la que provenga de terceros. Si la diferencia surge de un error subsanado espontáneamente por el contribuyente antes de una notificación formal, no se abre impugnación.