El Ejecutivo regalmentó esta madrugada otro capítulo de la Ley de Inocencia Fiscal. Con esto, específicó cómo será el régimen de sanciones para las empresas que incumplan con los requisitos
Este domingo, el Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, donde la actualización de un 100.000% en el monto de las multas automáticas había generado un importante revuelo en los últimos meses, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Esto generó que las pymes expresaran una fuerte preocupación por el impacto de estas sanciones en su actividad diaria.
Así, las intimaciones automáticas no se remitirán a todos los contribuyentes por igual. En cambio, el análisis se realizará caso por caso, excluyendo a las pymes de la automatización y permitiéndoles corregir su situación antes de recibir una sanción formal. Esta diferenciación administrativa busca evitar que actores económicos de menor tamaño sean sometidos a las mismas reglas que los grandes contribuyentes.
En lugar de intimaciones automáticas, se enviarán recordatorios para que el contribuyente regularice su situación antes de que comience la instrucción del sumario para la aplicación de la multa
Explicaron que este mecanismo reemplaza la intimación automática por un aviso previo, incentivando la regularización voluntaria y equilibrando la fiscalización con la protección de la actividad económica de las pymes.
Por otro lado, las pymes estarán excentas de las sanciones cuando se presente la declaración jurada y se pague el tributo en tiempo y forma o; por el contrario se adhiera a un régimen de facilidades de pago. A su vez, aquellas pequeñas empresas que detecten algún error en sus documentos, tendrán un plazo para rectificarse. En el caso de que lo hagan antes de que ARCA identifique la diferencia, no será considerada una “discrepancia significativa”, por lo que no perderán la presunción de exactitud.
El consenso alcanzado en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal busca proteger a las pymes sin resignar la capacidad del Estado para controlar y fiscalizar. La instrucción de no automatizar la emisión de multas para los contribuyentes menos relevantes apunta a preservar el equilibrio entre la recaudación fiscal y la protección del empleo y la producción. Enfatizaron que los procedimientos de control y sanción deben aplicarse con criterios de razonabilidad, evitando que la automatización se convierta en una fuente de injusticias o agrave la situación de los sectores más vulnerables.
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