Reforma laboral: qué cambios aceptaría el Gobierno y la gira de la CGT para presionar a los gobernadores

La semana próxima comenzarán las negociaciones en el Senado para modificar el proyecto y facilitar su sanción legislativa, pero los líderes cegetistas irán a las provincias para frenar la versión más dura de la iniciativa

El Gobierno y la CGT reanudarán la semana próxima en forma oficial sus negociaciones para introducir cambios en la reforma laboral, pero los líderes cegetistas, sin garantías de un resultado satisfactorio, decidieron hacer dentro de 15 días una gira por varias provincias para hablar con los gobernadores y tratar de convencerlos de no votar el proyecto oficial tal como está hoy.

De todas formas, los sindicalistas harán especial hincapié ante los mandatarios en cómo el capítulo impositivo incluido en la reforma laboral de Javier Milei tendrá un fuerte impacto negativo sobre los ingresos que las distintas provincias reciben por coparticipación federal.

Un reciente informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) afirma que las modificaciones al Impuesto a las Ganancias representan un costo fiscal anual directo del 0,22% del PBI, lo que equivale a $1,9 billones. De esa suma, la Nación asumiría $790.000 millones, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires afrontarían una pérdida de $1,12 billones.

Entre los principales cambios, el proyecto de reforma laboral plantea una reducción de alícuotas para sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto para alquileres destinados a vivienda. Según los gobernadores, eso reduce la base tributaria de la cual se distribuyen los fondos, lo que redundaría en menores envíos automáticos de recursos a los distritos.

Mientras, el viernes 16 de enero comenzará formalmente a trabajar una comisión técnica en el Senado, piloteada por la abogada laboralista Josefina Tajes, asesora de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que evaluará con los representantes de la CGT algunas modificaciones en el proyecto, con la idea de que, si hay acuerdo, a partir del 26 de enero se apruebe un nuevo dictamen en comisión y ese sea el texto consensuado (aunque sea parcialmente).

¿Qué pide la CGT y qué aceptaría cambiar el Gobierno? Por un lado, los libertarios se resisten a modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de la cuota de afiliación. En la Casa Rosada advierten: “Quedó muy a tono con lo que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que no está bien que un actor social tenga que trabajar para otro, como sucede en este caso si los empleadores tienen que ser los que retengan y giren los fondos de las cuotas sindicales”.