Absolvieron al pastor de Mar del Plata por el delito de explotación laboral, aunque lo condenaron por otra causa

La Fiscalía había pedido 14 años de prisión, pero la Justicia consideró que las pruebas no eran suficientes

Este lunes, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata absolvió al pastor identificado con las iniciales R. T., de los cargos de trata de personas con fines de explotación laboral y ejercicio ilegal de la medicina, tras una extensa investigación que se centró en presuntos hechos cometidos entre 2001 y 2022. El veredicto determinó que las pruebas de la Fiscalía no eran suficientes.

La causa, representada por Mazzaferri junto a las auxiliares María Eugenia Montero, Diana Arias y la integrante de PROTEX, Victoria Sassola, sostenía que el lugar recibía a personas con antecedentes de adicciones, dificultades económicas y problemas judiciales, a quienes se les exigía pagar alimentación, alojamiento, el aporte de un diezmo mensual y se les retenían subsidios estatales o pensiones.

Previo a la resolución del Tribunal, la defensa del acusado, encabezada por Mauricio Varela, presentó sus propios argumentos en una intervención que se extendió más de tres horas. Según manifestó el abogado, la acusación nació a partir de una denuncia formulada por un hombre al que describió como “adicto” y que había intentado justificar un robo previo cometido en perjuicio del propio pastor. Varela profundizó su hipótesis afirmando que “el origen de esta causa es una declaración prestada por alguien imputado en un caso por robo agravado por el uso de armas, tramitada en la justicia provincial”, con el objetivo de eximirse de responsabilidad.

La defensa insistió ante el Tribunal Oral Federal en que no existió privación de la libertad ni uso de coacción hacia los asistentes del centro. Varela afirmó que “no hubo encierros ni coacción, que nadie fue retenido contra su voluntad. No hubo explotación. No hubo beneficio económico”. Mientras tanto, la Fiscalía Federal expuso que, durante el debate oral, logró comprobar “de modo suficiente aquellos indicadores que demuestran que las víctimas resultaban explotadas laboralmente mediante su reducción a la servidumbre, como práctica análoga a la esclavitud”.

Asimismo, sostuvieron que las supuestas víctimas sufrían retención de sus ingresos, pagaban multas internas y solo podían acceder a productos dentro del minimercado del centro por medio de vales. Por este motivo, Mazzaferri solicitó en su alegato no solo una pena de 14 años de prisión, sino también la inhabilitación perpetua de R. T. para ejercer cualquier actividad vinculada con la medicina, psicología, dirección de centros de rehabilitación, tratamiento de adicciones o el culto religioso.

También insistieron con que se impusiera una indemnización de alrededor de 136 millones de pesos para las víctimas y planteó el secuestro de cinco vehículos y dos motocicletas, el decomiso de dos inmuebles de la calle Génova en Mar del Plata y la confiscación del terreno donde funcionaba la iglesia considerando que habrían sido utilizados para la captación y permanencia de los denunciantes.