Oficializaron el ingreso al RIGI de un mega proyecto minero en San Juan

La inversión total estimada ronda los 2.700 millones de dólares y apunta a generar más de 3.500 puestos de trabajo, directos e indirectos

Este martes, con la publicación de la Resolución 1553/2025 en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía oficializó la adhesión de ANDES CORPORACIÓN MINERA SA al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que habilita el Proyecto Los Azules, una iniciativa minera enfocada en la extracción de cobre con una inversión total de USD 2.672.171.207 en la provincia de San Juan.

Según precisó el Gobierno nacional en la resolución, este proyecto tiene por objetivo el desarrollo de una mina, una planta y la infraestructura necesaria para la extracción y procesamiento de cátodos de cobre.

Por eso, contará con unos recursos estimados de 10.900 millones de libras de cobre en la categoría Indicada y 26.700 millones de libras en la categoría Inferida. El informe presentado por McEwen Copper Inc. ante las autoridades argentinas en 2023 proyecta una vida útil de 27 años para el yacimiento.

ANDES CORPORACIÓN MINERA SA (ACM SA), cuya sede administrativa se encuentra en la ciudad de Mendoza, se presentó como Vehículo de Proyecto Único (VPU), adecuando su objeto social exclusivamente a las actividades asociadas al proyecto, en concordancia con los requerimientos de la ley 27.742.

En la documentación presentada, la empresa indicó que, de la inversión total, USD 2.353.624.141,07 se asignarán a activos computables, superando holgadamente el monto mínimo previsto por la legislación vigente. Asimismo, ACM SA asumió el compromiso de destinar USD 415.775.312,66 en activos computables durante los primeros dos años, cifra que representa más del 40 % del mínimo requerido para este tipo de emprendimientos.

El cronograma de obras y el plan de desarrollo de proveedores expuestos por ACM SA también obtuvieron la aprobación de las autoridades. El 61,1 % del presupuesto dirigido al pago de proveedores, compras de bienes y obras de infraestructura en las fases de construcción y operación corresponderá a proveedores locales, superando ampliamente el 20 % exigido por la normativa. El plazo límite para lograr el monto mínimo de inversión en activos computables quedó establecido para el 31 de diciembre de 2027.