La Justicia porteña ordenó que la Policía de la Ciudad custodie la próxima marcha de los jubilados

“No se trata de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional”, consideró el juez Roberto Gallardo, quien hizo lugar a la petición que habían presentado dirigentes gremiales de la CGT y el líder de la UTEP

El juez Roberto Andrés Gallardo, titular del Juzgado de 1a Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hizo lugar este domingo a la solicitud presentada por Julio Piumato y Maia Volcovinsky, cosecretarios de Derechos Humanos de la CGT, y Walter Alejandro Gramajo, en secretario general de la UTEP, y dispuso que el Gobierno porteño coordine el operativo de seguridad de cara a la próxima marcha de jubilados, a realizarse el miércoles que viene, con la Policía de la Ciudad al frente de la organización de la custodia de los manifestantes.

Y en la misma línea, explicó: “En los últimos meses, varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos. Es igualmente preocupante la actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado nacional, quien sin tapujo alguno avanza sobre la autonomía de la CABA so pretexto de aplicar protocolos que ‘proponen’ asegurar la convivencia de la ciudadanía porteña en el contexto de una manifestación”.

Sobre las concentraciones previas de jubilados en las inmediaciones del Congreso, el juez Gallardo entendió que las mismas “han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos”.

La resolución adoptada por el juez Gallardo responde a la petición de los dirigentes gremiales de la CGT y el líder de la UTEP, que habían pedido el dictado de una medida cautelar para “intimar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización” y para que, además, se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.

Entre sus fundamentos, Piumato, Volcovinsky y Gramajo justificaron la necesidad de la habilitación de días y horas inhábiles en vísperas de la movilización en que el GCBA tenga el tiempo necesario para diagramar el operativo de seguridad. Para ello, los dirigentes gremiales citaron el artículo 129 de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía de la CABA, y los artículos 23 y 24 de la Ley de Seguridad Interior (24.059), que establecen cuándo pueden intervenir las fuerzas federales fuera de su ámbito.

Asimismo, denunciaron que el gobierno porteño no adhirió al protocolo nacional de seguridad, y que cuenta con su propia fuerza –la Policía de la Ciudad– capacitada para actuar en estas situaciones.