El Gobierno defendió el Super Rigi y detalló cómo se aplicará: “No estamos buscando un impacto de corto plazo”
El secretario de Coordinación de Energía y Minería Daniel González defendió en la Cámara de Diputados el Súper RIGI y sostuvo que el nuevo régimen busca atraer proyectos industriales y tecnológicos que “hoy no existen en la Argentina, con un horizonte de largo plazo y no con impacto inmediato”.
Durante su exposición, afirmó que la iniciativa enviada al Congreso bajo el nombre de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias apunta a transformar el esquema vigente para pasar de la extracción de recursos a su industrialización, con foco en actividades como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, baterías de litio e infraestructura tecnológica.
Como balance del régimen actual, González dijo en Diputados que hasta ahora se presentaron 39 proyectos, cuando al diseñarlo se esperaba recibir entre seis y ocho, y agregó que el Gobierno proyecta cerrar el proceso con entre 50 y 60 iniciativas. Según el funcionario, esos expedientes contemplan inversiones por USD 138.000 millones, representan unos 179.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos y tienen un potencial exportador de USD 41.000 millones al año.
El funcionario sostuvo que el RIGI “ha sido y sigue siendo un régimen sumamente exitoso”, pero rechazó una extensión del esquema vigente. “Sería un error intentar extender nuevamente ese régimen porque fue concebido como una herramienta excepcional y con vencimiento”, dijo.
González explicó, además, que muchos proyectos aceleraron su presentación para ingresar antes de la fecha límite y planteó que el paso siguiente es aprovechar los recursos naturales y la infraestructura cuya inversión fue movilizada por ese régimen. “Creemos que llegó el momento de evolucionar el RIGI hacia un régimen enfocado en la industrialización de los recursos naturales”, afirmó el secretario.
González insistió en que el Súper RIGI “es la continuidad y la evolución del RIGI” y sostuvo que el régimen actual ayudó a destrabar proyectos ya existentes que no tomaban decisión de inversión. Sobre la nueva etapa, afirmó: “No estamos buscando un impacto de corto plazo”.
En su descripción sectorial, indicó en Diputados que 20 de los 39 proyectos presentados pertenecen a minería, 13 a petróleo y gas, tres al sector eléctrico, dos a la industria manufacturera y uno a logística e infraestructura.
El rasgo central del Súper RIGI, según González, es que solo alcanzará a proyectos nuevos y no permitirá ni ampliaciones de emprendimientos existentes ni expansiones posteriores bajo los mismos beneficios. También quedarán afuera los proyectos de infraestructura y los de extracción de recursos naturales.
El funcionario resumió: “El Super RIGI apunta a proyectos que todavía no existen. Por eso no queremos establecer una lista cerrada y exhaustiva de actividades”, dijo y afirmó que en muchos casos se trata de iniciativas que aún no están definidas y para las cuales la Argentina ni siquiera figura entre las principales alternativas de localización.
De acuerdo con el texto enviado al Congreso, el nuevo régimen se focaliza exclusivamente en nuevas actividades económicas, como proyectos industriales, tecnológicos o de infraestructura digital estratégica sin antecedentes productivos en el país o que todavía se encuentran en fases experimentales. El proyecto menciona sectores como data centers para inteligencia artificial, paneles solares, turbinas eólicas, semiconductores, biotecnología avanzada y la industrialización de recursos como baterías de litio o refinamiento de cobre.
El monto mínimo de inversión será de USD 1.000 millones, frente a los pisos de entre USD 200 millones y USD 600 millones del RIGI según el sector. El texto también exige que las empresas ejecuten el 20% del monto comprometido en los primeros dos años desde la adhesión.
En materia tributaria, la propuesta establece una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias. González justificó ese nivel al señalar en Diputados que “es la tasa mínima posible sin entrar en conflicto con las normas internacionales de la OCDE”.
El proyecto extiende beneficios a toda la cadena de valor vinculada al emprendimiento principal. Eso incluye a empresas proveedoras, que podrán acceder a incentivos equivalentes sin importar su tamaño.
En comercio exterior, el texto dispone exención total de derechos de exportación desde el primer día y arancel cero para la importación de la totalidad de los bienes involucrados en las inversiones. En reglas cambiarias, el esquema replica la libre disponibilidad progresiva de divisas por exportaciones: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% el tercero.
La estabilidad fiscal y regulatoria se mantiene por 30 años. Según comentó González, ese punto “es el beneficio más valorado por las compañías” y precisó que esa preferencia aparece tanto entre empresas argentinas como extranjeras.
El capítulo subnacional fija condiciones para la adhesión de provincias y municipios. Según el texto del proyecto y la exposición oficial en Diputados, las provincias deberán mantener una alícuota de Ingresos Brutos no superior al 0,5%, no podrán aplicar impuesto de sellos y las tasas municipales deberán estar vinculadas a servicios efectivamente prestados, sin calcularse como porcentaje de las ventas.
El Súper RIGI también elimina el requisito de contratación de proveedores locales equivalente al 20% de la inversión que contemplaba el régimen anterior, siempre que hubiera oferta competitiva. El nuevo texto prohíbe imponer compras locales en condiciones menos favorables que las de mercado.
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