22:57La Justicia Federal dio curso a una demanda civil contra el Estado uruguayo y la empresa HIF y ordenó las primeras pruebas

Es por la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, frente a la costa de Entre Ríos. La acción fue promovida por legisladores del PJ. La decisión judicial llegó cuando se baraja la reubicación del emprendimiento

El juez federal Hernán Viri ordenó una serie de medidas de prueba en el marco de una presentación civil contra el gobierno uruguayo y la multinacional HIF. La demanda se sustentó en un factor formal y otro material. Señaló que el país vecino no cumplió con la normativa del río Uruguay, un recurso compartido. Y apuntó contra el eventual daño ambiental que provocaría la planta que se instalaría al norte de Paysandú, frente a la costa de Entre Ríos.

Ese es el reclamo principal de las autoridades entrerrianas. Coinciden en ese punto el intendente de Colón, José Luis Walser, y el gobernador Rogelio Frigerio. El argumento que ponen sobre la mesa es que la localización original está frente al principal balneario de la ciudad, que vive del turismo.

En la demanda civil que promovieron los legisladores del PJ figura también que, con el desarrollo de esta planta, el país vecino violó el Tratado del río Uruguay. El curso de agua es un recurso compartido. Por lo tanto, el acuerdo fijó que cualquier acción de un Estado que lo afecte debe ser comunicado antes al otro. Este paso no se habría registrado. De ser así, Uruguay también estaría violando el fallo de la Corte de La Haya en el “caso Botnia”.

El órgano judicial internacional había sentenciado que el Estado oriental violó el Tratado cuando autorizó la instalación de la pastera en Fray Bentos sin la comunicación previa a la Argentina.

El magistrado requirió una serie de informes a las autoridades de la Comisión Administradora del río Uruguay (CARU). Este organismo binacional se encarga de hacer cumplir el acuerdo sobre el recurso compartido.

También solicitó información, vía exhorto, a organismos estatales de Montevideo. Entre ellos, el Ministerio de Ambiente, el de Educación y el Banco Central.