Mientras el ajuste se traduce en bolsillos flacos y aumento de la desaprobación de la gestión de Javier Milei, el Gobierno acelera en soluciones cortoplacistas para hacerse de dinero a cualquier precio, como con la modificación de la Ley de Glaciares
El país del cortoplacismo –por razones de urgencia de bolsillo, tanto del gobierno central como de los de muchas provincias- se está consumiendo, increíblemente, su stock de capital humano y de recursos naturales.
Veamos: esta semana fue aprobada la reforma a la Ley de Glaciares. La modificación es tachada de inconstitucional desde el Dr. Daniel Sabsay hasta la Dra. Graciela Camaño, principalmente por violar el art. 41 de la Constitución Nacional, atentando contra nuestros recursos naturales más preciados, entre ellos el agua.
Hasta aquí, vemos la urgente necesidad de conseguir dinero, como lo hizo el ex presidente Menem cuando vendió “las joyas de la abuela”.
Los jubilados no solo reciben un bono congelado de $70 mil, que a marzo del 2026, en términos reales, equivale a $22.400, sino que además la desfinanciación del PAMI atenta contra su salud. Los prestadores acusan tener deudas con moras de 5/6 meses y ya no proveen insumos. Hay temor de cesación de pagos.
La no aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo hipoteca el capital humano, es decir el futuro de Argentina.
En temas de infraestructura, entre otras cosas, la Dirección Nacional de Vialidad ha dicho que el 52,5% de la estructura vial es deficiente, golpeando directamente a las exportaciones. Con un aditamento no menor: las muertes o discapacidades causadas a quienes transitan rutas peligrosas abandonadas por el Estado. Se habla de un sistema de peajes con estaciones cada 100 kilómetros. Esto obliga a los concesionarios al mantenimiento, no a la modernización, y encarece los costos.
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