Causa “Mamá Corazón”: la Fiscalía pidió condenar a Andrea del Boca y a Julio De Vido tras apelar la absolución
El fiscal Raúl Pleé dictaminó ante la Cámara Federal de Casación Penal que debe revertirse la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 7, que desligó de culpa y cargo a todos los acusados
La actriz Andrea Del Boca, el exministro Julio De Vido y el resto de los involucrados en la causa “Mamá Corazón” se preparan para defender su absolución ante la Cámara Federal de Casación Penal. En la otra vereda, el fiscal general Raúl Pleé fundamentó la apelación del fallo y dictaminó que la sentencia debe ser revertida.
Además, el fiscal Pleé pidió la restitución de los 3.126.000 dólares que, según el Ministerio Público, fueron desviados de los fondos estatales mediante la producción de una novela que nunca llegó a emitirse, y que además había logrado la exclusividad para comercializar la serie en el extranjero.
Andrea del Boca entró en el reality de Gran Hermano el pasado 23 de febrero. Su abogado, Juan Pablo Fioribello, explicó cómo llevarán adelante la defensa sin comunicarse, ya que por contrato no puede tener contacto con el exterior: “Esto estaba absolutamente previsto, son las condiciones normales de un proceso judicial, y ella depositó su absoluta confianza en nuestra defensa, en la que me acompañan los doctores Federicho Schumacher y Diego Onorati”.
Según el dictamen fiscal, el TOF N° 7 evaluó las pruebas “de forma parcializada, para concluir en la aplicación del principio de la duda”, que benefició a los acusados.
El fiscal de Cámara también sostuvo que la hipótesis de la acusación “no consistía en acreditar el incumplimiento o irregularidades” en el marco administrativo, sino que justamente esto fue lo que le habría dado un “ropaje jurídico” a la maniobra, “para orientar la contratación en beneficio de la propuesta de Mamá Corazón, sin proceso competitivo y con cláusulas que generarían un lucro indebido para sus intervinientes”.
La Fiscalía cuestionó, por otra parte, que la contratación se haya triangulado con la Universidad Nacional de San Martín, la cual se quedó con casi $4.400.000 -a valores de esa época-, un 10% del total invertido solo por “gastos administrativos” o supervisión. Lo más transparente, para la acusación, habría sido darle intervención al INCAA, que no le habría cobrado ese costo extra al Estado.

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