Citaron a declarar a la dueña del depósito clandestino que se incendió en julio del año pasado en La Plata

El fiscal Fernando Padován dispuso la comparecencia de la accionista mayoritaria de Aloise Tecno, tras solicitudes impulsadas por la parte querellante por el derrumbe que provocó pérdidas materiales y daños a vecinos

La investigación por el incendio que consumió el edificio de Aloise Tecno en el centro de La Plata, que funcionaba como un depósito clandestino de electrodomésticos, sigue su curso y la causa avanzó, con la citación judicial de Roxana Aloise, principal accionista y titular del 95% de la empresa.

Desde el fuero civil, ya existe una inhibición general de bienes contra Aloise y avanza una demanda por daños y perjuicios tras el fracaso de una mediación. En el plano penal, la citación la coloca a la mujer frente a su primera audiencia formal en el contexto de la causa que la imputa por estrago culposo y desobediencia. A partir de la indagatoria, el fiscal deberá evaluar si cuenta con elementos suficientes para solicitar su procesamiento, ordenar nuevas medidas de prueba o avanzar hacia una posible elevación a juicio.

El eje de la acusación se sustenta en informes oficiales de la Municipalidad de La Plata, que acreditan que el depósito operaba sin habilitación municipal y había sido clausurado por no reunir las condiciones de seguridad exigidas.

A pesar de la clausura, la actividad en el lugar continuó, hecho que fue respaldado por testimonios de exempleados.

De acuerdo con sus declaraciones incorporadas a la causa, “el depósito siguió funcionando normalmente, con personal trabajando en el lugar, incluso después de que se colocaran las fajas de clausura”.

Además del incumplimiento de la clausura, los datos societarios permiten atribuir a Roxana Aloise la condición de responsable de la explotación del inmueble, reforzada por su participación mayoritaria en el paquete accionario de la firma, con el 95% de las acciones en su poder. Todos estos elementos, sumados a la pérdida sufrida por vecinos y a los daños estructurales en propiedades linderas, conforman la base de la querella que impulsó a la Justicia a dar un giro en la investigación.