Régimen Penal Juvenil: más allá de la edad, qué dice la “letra chica” del texto aprobado en Diputados

Cómo funcionarán las condenas máximas, la extinción de la acción penal y el presupuesto asignado. Fija un plazo de 180 días para la implementación del nuevo sistema

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que tiene como eje central la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. El texto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, establece un nuevo marco normativo con condiciones técnicas y operativas específicas que regirán el proceso penal para los adolescentes.

Asimismo, el régimen incorpora mecanismos procesales orientados a la reinserción. El Artículo 45 prevé la figura de la extinción de la acción penal: si el juez determina que el adolescente cumplió satisfactoriamente con las medidas impuestas durante el plazo de prueba (como finalizar la escolaridad, aprender un oficio o realizar tratamientos de salud), no se dictará sentencia condenatoria y el joven quedará sin antecedentes penales por ese hecho.

Una de las innovaciones del sistema es la creación de la figura del Supervisor (Artículo 23). Se trata de un funcionario que operará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y cuya función será controlar el cumplimiento de las penas alternativas o medidas condicionales.

La ley estipula que este rol deberá ser ocupado por profesionales con título en psicología, trabajo social, psicopedagogía o disciplinas afines. Sus obligaciones incluirán realizar entrevistas semanales con el adolescente, mantener contacto con su entorno familiar y educativo, y presentar informes mensuales al juez sobre la evolución del caso.

El texto es taxativo respecto a las condiciones de encierro. El Artículo 11 y el Artículo 27 establecen que la privación de libertad debe cumplirse en “centros especializados” o secciones separadas.

La norma impone la prohibición absoluta de que los adolescentes tengan contacto con personas mayores de edad detenidas. Esto implica que las dependencias actuales deberán garantizar sectores exclusivos y acondicionados para alojar a los nuevos imputados de entre 14 y 16 años, cumpliendo con los estándares internacionales de derechos humanos.