Efecto Santa Fe: policías y penitenciarios de Río Negro rechazaron un aumento en cuotas y amenazan con acampar por tiempo indeterminado en Viedma

El Consejo de Bienestar Policial de Río Negro exigió mejoras salariales con un piso de 1.800.000 pesos. Desde el Ministerio de Seguridad local informaron un incremento del 6% para febrero, a abonarse en cuatro meses. Ayer se entregó un petitorio en General Roca y el miércoles buscan movilizarse hacia la capital provincial

Tras el caso de la violenta protesta policial y posterio aumento salarial en la provincia de Santa Fe, el gobierno de Río Negro también podría enfrentar un frente de tormenta luego de que un sector de la Fuerza rechazó los anuncios de recomposición salarial atados a la inflación.

El pliego salarial elevado al gobierno provincial por parte del Consejo demanda un haber inicial de $1.800.000, objetivo considerado justo y necesario para garantizar la seguridad alimentaria del personal. Además, remarcó la urgencia de que el gobernador Alberto Weretilneck los reciba Consejo y escuche las reivindicaciones.

Junto a los reclamos salariales, la crisis habitacional se suma al conflicto. Según Rubén Muñoz, referente del CBPPRN, muchos agentes están bajo riesgo de ser desalojados por atrasos en el pago de alquileres y que algunas familias, en situaciones extremas, no logran asegurar la alimentación básica.

En esta etapa, el Consejo de Bienestar Policial estableció contactos con la agrupación ASSPUR (Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro) para coordinar acciones conjuntas, ampliando el frente de protesta entre distintos sectores estatales.

La convocatoria al acampe, según destacó Muñoz en diálogo con FM de la Costa, es por una “necesidad urgente” y del reclamo colectivo de los uniformados rionegrinos por una recomposición de los haberes “real y no con ítems en negro que perjudican, desfinancian y que además vulneran los derechos de nuestros retirados”.

El Consejo anticipó que la permanencia frente a la Casa de Gobierno será indefinida hasta que el gobernador acceda a negociar y a dar respuestas efectivas a la crisis socioeconómica que atraviesa la fuerza.