Tras el rechazo de la Cámara Federal de San Martín a un recurso que intentaba devolver el expediente al fuero penal económico, el fiscal Carlos Cearras acudió en queja al máximo tribunal penal. Definirá la Sala I
La disputa judicial por la competencia de la causa que investiga el origen de los fondos utilizados para la compra de la denominada “mansión de Pilar” vinculada a autoridades de la AFA escaló finalmente a su etapa decisiva. Ante la negativa de la Cámara Federal de San Martín de conceder el recurso para elevar el caso, el fiscal general Carlos Cearras no perdió tiempo y presentó un “recurso de queja” directamente ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Sin embargo, la Cámara de San Martín —con la firma del juez Alberto Lugones tras la excusación de su colega Néstor Barral— había confirmado la competencia del juez de Campana, Adrián González Charvay, basándose en que los bienes investigados (la mansión, autos de lujo y caballos) están ubicados en el partido de Pilar.
Ahora, los jueces Barroetaveña, Hornos y Carbajo deberán analizar si aceptan la queja y en ese caso analizar si el rechazo de la Cámara de San Martín fue ajustado a derecho y, en el fondo, resolver qué juez natural corresponde para instruir un expediente que involucra a la cúpula del fútbol argentino.
El fallo previo de la Cámara de San Martín tuvo una particularidad política: la excusación del juez Néstor Barral. El camarista decidió apartarse alegando “cuestiones de decoro” debido a su vínculo reciente con la entidad: hasta hace pocos meses integró el Tribunal de Disciplina de la AFA. Su salida buscó despejar cualquier duda sobre la imparcialidad del tribunal, dado que la causa investiga si autoridades de la asociación utilizaron testaferros para enriquecerse.
En sus fundamentos para rechazar el pase a Casación, el juez Lugones había sostenido que la decisión de competencia “no constituye una sentencia definitiva” ni equiparable a tal, y que los argumentos fiscales solo mostraban una “disconformidad subjetiva”. Cearras, en desacuerdo, recurrió en queja para que el tribunal superior revise esa postura.
Mientras la Sala I de Casación recibe el expediente, la Justicia intenta determinar si Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Conte, actuaron como testaferros de altos directivos de la AFA para adquirir la fastuosa propiedad en la localidad de Villa Rosa.
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