Piden avanzar con el decomiso de propiedades de Cristina Kirchner y sus hijos por la condena en la causa Vialidad

Está en discusión si pueden quitarles bienes heredados o comprados con anterioridad a los hechos juzgados. Definirá la Cámara Federal de Casación Penal

Una nueva instancia decisiva se abrió en la etapa de ejecución de la condena por la causa Vialidad, donde la Justicia busca recuperar el dinero de la corrupción en la obra pública. El Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, dictaminó que corresponde avanzar con el decomiso de las propiedades de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia, y en consecuencia rechazar los planteos de su defensa.

Las defensas reaccionaron con fuertes críticas a esta decisión y presentaron recursos de casación para frenar el remate de los activos. Los abogados de la familia Kirchner argumentaron que la medida afectó a terceros que no formaron parte del proceso penal ni recibieron condena alguna, en referencia a Máximo y Florencia Kirchner.

Sostuvieron que avanzar sobre los bienes heredados de Néstor Kirchner, quien falleció mucho antes del juicio oral y no pudo ser juzgado, implicó una violación a los derechos de propiedad y una extensión ilegítima de la pena.

Otro de los puntos cuestionados por los letrados defensores fue el alcance temporal de la medida. Alegaron que la Justicia intentó decomisar bienes que ingresaron al patrimonio familiar con anterioridad a la fecha en que se cometieron los delitos investigados. En sus escritos, calificaron la orden del tribunal como una “confiscación encubierta” que funcionó en la práctica como una indemnización civil general, algo que, según su visión, no está contemplado en la ley.

También denunciaron que se invirtió la carga de la prueba, obligando a los imputados y a sus hijos a demostrar la inocencia de su patrimonio en lugar de que el Estado probara el origen ilícito de las propiedades.

Sin embargo, el Fiscal General Villar desestimó estos argumentos en su dictamen firmado en los últimos días. Según explicó, el decomiso no constituye una nueva pena ni una sanción autónoma, sino que es la consecuencia necesaria y legal de una sentencia firme por delitos de corrupción.