Una joven japonesa denunció a su pareja en Salta por haberla abusado embarazada, secuestrado y amenazado

A. Y. tiene 23 años y hace casi dos años que conoció a su agresor. Tras haber quedado embarazada, se mudaron al país y comenzó a vivir un infierno

Una joven de 23 años y nacionalidad japonesa denunció haber vivido un auténtico infierno en Salta, luego de haber sido sometida a actos de violencia por parte de su ex pareja durante varios meses. Desde haber estado privada de su libertad hasta haber sido agredida física y sexualmente, el caso conmocionó a la provincia al conocerse los detalles de las vejaciones que tuvo que soportar.

Según el testimonio al que accedió El Tribuno, el embarazo los impulsó a asentarse en la Argentina, para poder acceder a un parto gratuito. A partir de ese momento, se desencadenó la serie de maltratos y agresiones que hoy denuncia.

A lo largo del infierno, la joven aseguró haber sufrido violencia física y psicológica, incluyendo “golpes de puño en el rostro y diferentes partes del cuerpo, jalones de cabello y arrastres”, así como robos de dinero y uso fraudulento de su tarjeta de crédito. Incluso, contó que fue forzada a pedir dinero a sus padres para el agresor.

“Cuando estaba embarazada, ella no tenía deseos de tener relaciones y él la obligaba y abusaba de ella con acceso carnal”, relató una de las personas que asistiría a la víctima, cuyo calvario se perpetuó debido a que no tenía manera de denunciar los hechos por no saber hablar en español. Asimismo, este allegado indicó que las agresiones le ocasionaron lesiones, entre ellas la fractura de un dedo.

Otro de los detalles que habría sido clave para mantenerla aislada socialmente se debió a que el agresor le había quitado su teléfono celular, sumado al hecho de que la extranjera no contaba con familiares en la provincia. Incluso, sumaron una acusación contra un familiar del hombre, quien sería médico y se habría encargado de borrar el historial de lesiones que habría sufrido en los últimos meses.

Por otro lado, recriminaron que las acciones estatales fueron insuficientes, debido a que acusaron al Juzgado de Violencia Familiar y de Género 1º Nominación de haber intervenido de forma irregular en el caso. “La Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 3 nunca la llamó a testificar como víctima y mintió que el expediente no estaba habilitado y sí lo está”, aseguró el testigo.