El Poder Ejecutivo busca blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia que implementa cambios en la estructura de la Secretaría de Inteligencia
El Gobierno avanza con el plan para blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/25 que refromó la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y habilitó los cambios en la Ley de Inteligencia. El DNU ingresó en ambas cámaras para ser tratado en el Congreso de la Nación.
En ese sentido, la medida que aprobó el Poder Ejecutivo busca reordenar la estructura de todas las áreas, creando agencias, dejando sin funcionar otras y unificando tareas para mejorar el intercambio de datos. Así, se redefinen las competencias institucionales, limita la Agencia de Seguridad Nacional únicamente a tareas de contrainteligencia y se eliminan organismos superpuestos como la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
Según explicaron a Infobae fuentes oficiales, el decreto no modifica la conducción actual de la Secretaría de Inteligencia de Estado. La SIDE continuará encabezada por Cristian Auguadra como titular del organismo, con Diego Kravetz como segundo. Auguadra desarrolló su carrera en la estructura de inteligencia y llegó a la conducción tras desempeñarse en el área de Asuntos Internos, donde fue sucedido por Diego Enrique Valdiviezo.
“Permite proteger al país frente a las amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce su estructura y fortalece los controles estatales”, señalaron las autoridades en el texto. A su vez, destacaron que los cambios responden “a los más altos estándares democráticos y republicanos”, señalaron en un comunicado.
Desde distintos sectores de la oposición política plantearon dudas y cuestionamientos a la reforma y anticiparon que la Comisión Bicameral de Inteligencia elaborará un pedido de informes a la Casa Rosada. Más allá de las críticas, al ser un DNU, el Gobierno cuenta con los votos necesarios para sostener su plena vigencia.
Entre los puntos más cuestionados por la oposición se destaca la habilitación para que el personal de Inteligencia ejecute aprehensiones de personas, bajo supuestos expresamente delimitados. Además, apuntan a que una reforma tan sensible haya sido realizada por decreto y plantearon que no existió un contexto de “necesidad y urgencia”, por lo que reclaman que el DNU sea tratado inmediatamente en el Congreso.
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