El documento, firmado por Andrés Gil Domínguez, introduce la noción de amortalidad digital, habilita el uso post mortem de datos personales y biométricos, y crea una figura de representación digital basada en inteligencia artificial generativa bajo supervisión de herederos designados.
La conversación global sobre qué ocurre con nuestros datos, nuestras identidades y nuestras huellas digitales después de la muerte acaba de sumar un capítulo inédito en Argentina. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez formalizó ante el escribano público Lisandro Barga un testamento que regula su “existencia digital” post mortem, un documento sin precedentes en la región que incorpora de manera explícita la noción de amortalidad digital. La parte notarial contó además con la colaboración de las escribanas Cristina Armella y María Raquel Burgeño.
Para que esta continuidad sea posible, Gil Domínguez autorizó el uso post mortem de un volumen extraordinariamente amplio de datos: información personal e histórica, registros biométricos como voz, rostro y movimientos, patrones digitales, datos neurológicos, publicaciones, mensajes, actividad en redes sociales y metadatos vinculados a su vida profesional y cotidiana. Además, habilitó a las plataformas o empresas de preservación digital contratadas en vida a operar con ese conjunto de datos tras su fallecimiento, siempre dentro del marco legal establecido.
La iniciativa marca un punto de inflexión para el derecho argentino y comparado. En un contexto atravesado por la inteligencia artificial generativa, la robótica, la utilización post mortem de datos y la posibilidad técnica de recrear aspectos de la personalidad en entornos digitales, la figura de la amortalidad digital deja de ser una discusión teórica para convertirse en un objeto regulado por primera vez en un instrumento jurídico formal.
El testamento, por su alcance y su carácter normativo, abre interrogantes sobre futuro de la identidad, la privacidad y el consentimiento en sociedades hiperconectadas, pero al mismo tiempo propone un marco ético y jurídico claro. La continuidad digital queda así sujeta a reglas expresas, con responsables identificados y límites establecidos, lo que constituye una apuesta por anticipar escenarios que, lejos de ser lejanos, ya empiezan a formar parte de la vida pública y privada.
Con este documento, Gil Domínguez impulsa una reflexión jurídica sobre la herencia intelectual en tiempos de IA y plantea un modelo que busca combinar innovación tecnológica con responsabilidad, resguardo y garantías para el uso post mortem de la identidad digital.
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