El polémico reclamo a la Justicia de uno de los mayores narcos del país por el manejo de su fortuna

El peruano Carlos Atachahua Sein realizó una presentación ante el tribunal que lo condenó a nueve años por lavado. Una sociedad creada por el asesinado financista Diego Guastini está en el centro de la trama

Carlos Sein Atachahua Espinoza, uno de los mayores narcos de la historia reciente y oriundo de Perú, fue condenado a nueve años de prisión a fines de diciembre pasado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 de la Capital Federal, que lo acusó de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a lavar más de siete millones de dólares del negocio de la droga.

Irónicamente, el creador de Rosgar SA -y su director suplente- fue el ingeniero de su grupo económico, Diego Xavier Guastini, el financista asesinado a tiros por un sicario en octubre de 2019. Guastini declaró como arrepentido ante la PROCUNAR antes de su muerte; su testimonio fue clave para condenar a Atachahua, su viejo cliente, entre otros traficantes. La muerte de Guastini sigue impune hasta hoy. En su confesión a la PROCUNAR, Guastini aseguró que la propiedad de Rosario al 700 fue comprada por “cinco millones de dólares”.

El estacionamiento, una pequeña máquina de imprimir plata, todavía funciona; registros previsionales muestran que Rosgar SA tiene sus pagos de aporte al día. Un interventor judicial está a cargo de su control. Ante el Tribunal que lo condenó, el narco peruano de 56 años -detenido bajo prisión domiciliaria en su mansión de Caballito por motivos de salud- pidió por el dinero de Rosgar junto al resto de su familia condenada. Solventar su caja chica es el problema.

La defensa del capo narco “solicitó que el Tribunal dispusiera que el interventor judicial designado en las empresas vinculadas al grupo económico Atachahua continuara cubriendo los gastos personales y familiares básicos de los señores Carlos Atachahua y su familia”, asegura un documento judicial al que accedió Infobae, “imputándolos a los dividendos o utilidades que les corresponden como accionistas”.

La defensa “indicó que sus asistidos continuaban siendo accionistas y legítimos propietarios de las sociedades intervenidas, las cuales mantenían operaciones regulares y generaban utilidades”, bajo control del interventor. El fideicomiso que controla al estacionamiento, por otra parte, es manejado en conjunto con la AABE, que administra los bienes del Estado.

Los gastos del clan Atachahua incluyen “cuotas de medicina prepaga, gastos de alimentación, servicios esenciales y tratamientos médicos actualmente en curso”. A excepción de Atachahua y su mujer, el resto de los condenados del clan tiene condenas de prisión en suspenso.