El Gobierno se aseguró un ingreso de casi USD 700 millones por la privatización de las hidroeléctricas del Comahue

El Estado concretó la apertura de sobres de las represas, logrando ingresos clave para fortalecer las reservas y atraer inversiones destinadas a la infraestructura energética. Las empresas adjudicatarias

El Gobierno garantizó un ingreso mínimo de USD 685 millones tras la privatización de las cuatro principales represas hidroeléctricas ubicadas en la región del Comahue, sobre los ríos Limay y Neuquén. Esta operación representa una de las fuentes de divisas más importantes que esperaba el ministro de Economía, Luis Caputo, para reforzar las reservas nacionales.

El Grupo MSU anunció que MSU Green Energy (BML), su unidad de energías renovables, presentó las mejores ofertas por las las concesiones de los complejos hidroeléctricos El Chocón-Arroyito y Planicie Banderita. Por su parte Central Puerto se quedó con Piedra del Águila, renueva concesión; y el Grupo Edison se quedó con Alicurá.

Según informó MSU Green Energy, se trata de dos de los activos energéticos más relevantes del país. El Chocón-Arroyito, ubicado sobre el río Limay, en la región del Comahue en Neuquén, tiene una capacidad instalada de 1.418 MW. La propuesta presentada por MSU Green Energy para este complejo contempla una inversión inicial de USD 235,7 millones y un compromiso de renovación de infraestructura en los próximos años de USD 230 millones.

“Estamos muy orgullosos del paso que acabamos de dar. Es un hito en la estrategia de crecimiento del Grupo MSU y nos posiciona entre los principales generadores de energía renovable del país. Con este tipo de inversiones, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de la Argentina a largo plazo”, afirmó Manuel Santos Uribelarrea, fundador y CEO del Grupo MSU.

“La incorporación de estos complejos refuerza nuestro rol como proveedor estratégico de energía para las industrias argentinas y nos permite abastecer a clientes actuales y futuros, impulsando una matriz más sólida para el país”, expresó Uribelarrea.

La Secretaría de Energía, por su parte, destacó: “Los futuros concesionarios, además, estarán obligados a ejecutar todas las inversiones, obras y reformas de infraestructura necesarias para garantizar la operación segura, eficiente y sostenible de los complejos hidroeléctricos, tal como establece el pliego”.