De Vido vuelve a prisión: la dura respuesta de su defensa tras el fallo de la Corte
El abogado Maximiliano Rusconi, que representa al ex ministro, emitió una serie de duras declaraciones tras la confirmación de la condena y aseguró que acudirá ante un organismo de la ONU
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó ayer la condena a cuatro años de prisión al ex ministro de Planificación Julio De Vido por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012, un hecho que produjo la muerte de 52 víctimas. En el expediente, De Vido fue absuelto del delito de estrago culposo, pero fue condenado por administración fraudulenta.
De cara a la confirmación de la Corte -que desestimó el último recurso de Rusconi, que pedía revisar el monto de pena de cuatro años fijado por la Sala III de la Cámara Federal en el caso Once-, el abogado emitió una serie de declaraciones con duras críticas al fallo de la Corte, al que calificó “una nueva decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales”.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con velocidad sospechosa y oportunismo evidente, en contra de sus propios antecedentes y en un absoluto exceso de jurisdicción, ha rechazado, sin siquiera tratarlo, un recurso de queja en el cual esta defensa cuestionaba la legitimidad y el monto de la pena impuesta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, al arquitecto Julio De Vido en la llamada causa de la “tragedia de Once”, por haber sido injustificada y arbitraria. Con esa decisión, la Corte Suprema posibilitó que se ordenara la ejecución de la condena impuesta”, comenzó Rusconi.
“La Corte omitió considerar, en verdad, que no tenía jurisdicción para pronunciarse sobre ninguna decisión, debido a que, como se había expuesto en el mismo recurso que se rechazó, se encontraba pendiente de resolución un planteo de prescripción de la acción penal, que al ser de orden público —por lo que debe ser declarado aún de oficio—; y de previo y especial pronunciamiento, debió ser resuelto en cualquier estado del proceso –incluso– antes del trámite de cualquier otra cuestión de fondo”.
“La prescripción de la acción penal, operó de puro derecho. Ello resultaba evidente ya que el último acto “interruptor de la prescripción” sucedió en fecha 10/12/2018, día en el que se dictó la sentencia condenatoria no firme, por parte del Tribunal Oral Federal Nº 4. Es decir, pasaron casi siete años sin que se haya contado con una sentencia completa (esto es, integrada con la determinación de la responsabilidad por la materialidad del hecho y la imposición de una pena)“.
“Cualquier decisión de privación de la libertad en este caso, cuya acción se encuentra extinguida, es una nueva manifestación de ilegitimidad y violación de las garantías fundamentales”.

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