Imputaron a una funcionaria de San Juan y a ocho personas por ser parte de una banda que falsificaba documentos

El caso se dio a conocer producto de una denuncia realizada por un ciudadano de Buenos Aires, quien descubrió que adeudaba créditos que nunca había solicitado

Una funcionaria del Registro Civil de la localidad de Pocito, en San Juan, y otras ocho personas fueron imputadas en una causa por presunta asociación ilícita. Según el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan, los involucrados habrían integrado una banda dedicada a emitir documentos apócrifos utilizados para realizar estafas millonarias.

La investigación, encabezada por el fiscal Fernando Alcaraz, permitió identificar a N. L. C., funcionaria pública responsable del Registro Civil de Pocito, como una de las principales implicadas. Se cree que ella habría coordinado con otros imputados un mecanismo para incorporar datos biométricos falsos —fotografías y huellas dactilares— en trámites formales, lo que posibilitaba la emisión de DNIs materialmente auténticos, pero ideológicamente falsos, es decir, con identidades apócrifas.

Durante la exposición de la teoría del caso, la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez describió la existencia de una estructura criminal organizada con distribución de roles, cuyo objetivo era la comisión de delitos de falsedad documental y estafas. Asimismo, señalaron que el grupo operó al menos desde agosto de 2024 hasta mediados de 2025.

Respecto a la modalidad que tenía, la funcionaria aseguró que la banda reclutaba personas que facilitaban sus datos biométricos para la confección de DNIs falsos. A través del uso de estos, solicitaban créditos y adquirían bienes, principalmente electrodomésticos, que luego se comercializaban en el mercado informal. El monto total de las estafas atribuidas asciende a 156.218.895 pesos.

La acusación formal incluye los delitos de falsificación de documentos destinados a acreditar la identidad, estafa, asociación ilícita y conductas previstas en la Ley Nº 17.671 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional. Además, dos de los acusados enfrentan cargos por defraudación mediante uso de nombre supuesto por realizar transacciones económicas bajo identidades ficticias.

En su intervención, el fiscal Alcaraz destacó la gravedad institucional del caso, tras señalar que no solo afectaría el patrimonio de particulares y entidades financieras, sino que también comprometería derechos fundamentales como la identidad, la fe pública y el ejercicio de los derechos civiles y políticos. En este sentido, subrayó que algunas víctimas no pudieron ejercer su derecho al voto, debido a las maniobras fraudulentas perpetradas por los investigados.

Los comentarios están cerrados.