Los tres acusados por el crimen de la hincha de Rosario Central continuarán detenidos hasta el juicio oral

El fiscal Lisandro Artacho confirmó que solicitará 30 años de prisión para Reifenstuel, Cabrera y Masson. Por su parte, la querella reclama una pena aún mayor

La investigación penal sobre el asesinato de Ivana Garcilazo, la hincha de Rosario Central asesinada de un piedrazo en la cabeza, alcanzó su etapa final después de dos años de pesquisas. La familia de la víctima expresó que todo está preparado para el inicio del juicio oral y público, manifestando su deseo de que no se produzcan demoras en el proceso.

Por su parte, la querella, encabezada por el abogado Marcos Cella y en representación de los particulares damnificados, reclamará una pena aún mayor: 33 años de cárcel para los tres acusados.

La hermana de la víctima, Silvina Garcilazo, se mostró conforme con este pedido y subrayó la coincidencia con la postura del Ministerio Público de la Acusación (MPA) respecto a la responsabilidad de los hinchas de Newell’s detenidos entre finales de 2023 y febrero pasado.

El crimen de Ivana Garcilazo ocurrió el 30 de septiembre de 2023, tras el clásico rosarino en el que Rosario Central venció a Newell’s por 1 a 0. Cuando la víctima circulaba en moto junto a su novio, vestida con la camiseta del Canalla, fue alcanzada por una piedra en la cabeza en las inmediaciones del estadio Coloso del Parque. La autopsia determinó que sufrió “un severo traumatismo de cráneo en la zona del parietal derecho”, lo que resultó fatal.

La audiencia preliminar, que comenzó poco después de las 8:00, se desarrolló en la sala 7 del edificio del barrio Hospitales. Por motivos de seguridad, ninguno de los acusados estuvo presente físicamente; los tres participaron mediante videoconferencia desde los establecimientos penitenciarios donde cumplen prisión preventiva.

Damián Reifenstuel permanece alojado en la cárcel de Piñero desde hace tres meses, tras haber estado prófugo durante casi un año y medio. Su captura se produjo en febrero de este año en Samaipata, Bolivia, luego de que un testigo de identidad reservada, contactado tras el anuncio de una recompensa de 10 millones de pesos, facilitara su localización. Posteriormente, fue extraditado a la Argentina a comienzos de julio.