En pocos años, la discusión ya no será si la inteligencia artificial puede asistir a jueces, sino hasta dónde estamos dispuestos a aceptar que intervenga directamente en decisiones que afectan patrimonio, contratos, propiedad y derechos. La tecnología ya ingresó en la vida judicial, empresarial y profesional. El verdadero debate es si estamos preparados para regularla y permitir que, en determinados conflictos simples, ofrezca soluciones en minutos allí donde hoy el sistema tarda años.
El escenario más probable no es un juez reemplazado por una máquina, sino un juez híbrido: magistrados que se apoyan cada vez más en sistemas capaces de clasificar pruebas, detectar patrones y sugerir resoluciones. Allí aparece el dilema central: cuándo la asistencia deja de ser apoyo y empieza a transformarse en influencia.
En Argentina, además, el debate tiene una particularidad poco explicitada: algunos jueces ya utilizan herramientas de inteligencia artificial, aunque muchas veces sin decirlo abiertamente. Y eso no es necesariamente negativo. Si la herramienta está auditada, bajo control humano y sujeta a supervisión, puede ser una mejora legítima.
Pero quizá el debate más desafiante no sea sólo transparentar el uso actual por parte de jueces humanos, sino animarnos a discutir una instancia más avanzada: si determinados conflictos de baja complejidad podrían resolverse directamente mediante sistemas automatizados, siempre que las partes lo acepten voluntariamente y exista revisión judicial posterior.
En materias de menor litigiosidad —como conflictos de consumo, multas, alquileres, reclamos contractuales simples, ejecuciones de expensas o controversias documentales repetitivas— podría pensarse en mecanismos de resolución algorítmica inmediata, equivalentes a una suerte de laudo digital rápido.
Incluso podría avanzarse un paso más en materia contractual. Sobre la base del principio de autonomía de la voluntad, las partes podrían pactar en determinados contratos privados que, ante un conflicto futuro, la controversia sea resuelta mediante un sistema de laudo automatizado basado en inteligencia artificial, dentro de parámetros previamente definidos y aceptados. La intervención judicial quedaría reservada a la ejecución o revisión excepcional del resultado.
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