La madre de la acusada afirma que su hija simuló la suspensión del beneficio por parte del Gobierno para esconder el fraude y quedarse con el dinero. La damnificada debió vender sus pertenencias y pedir ayuda a familiares para poder subsistir
Una mujer de 59 años denunció que su hija la estafó durante varios años y se apropió del cobro de su pensión por discapacidad en la ciudad de Deán Funes, en Córdoba. La víctima aseguró que su hija, de 44 años la engañó de manera constante y mientras su hija recibía el dinero, ella vivía en duras condiciones.
Actualmente, el delito ya fue oficialmente denunciado y la mujer de 44 años quedó imputada. La Justicia investiga el caso y el posible involucramiento de la mujer en otras estafas que podrían agravar su proceso judicial.
El año anterior, el Gobierno nacional suspendió más de 80.000 pensiones por presuntas irregularidades. Las investigaciones revelaron que familiares directos, como hijos o esposas, continuaban cobrando beneficios de titulares fallecidos o sin reunir los requisitos legales. Las autoridades insisten en la necesidad de reforzar los controles para garantizar que los fondos estatales lleguen únicamente a quienes cumplen con las condiciones exigidas por la ley y dependen del beneficio para cubrir sus necesidades básicas.
En otro episodio reciente vinculado a fraudes contra personas con discapacidad, una mujer fue detenida en La Plata tras ser acusada de utilizar la tarjeta de crédito de una compañera para realizar compras y abonar servicios durante más de dos meses. La denunciante, también beneficiaria de una pensión por discapacidad, advirtió movimientos irregulares en su cuenta y comprobó que se habían efectuado consumos en supermercados, tiendas de electrodomésticos, pasajes y hasta el pago de la factura de gas sin su autorización.
La investigación determinó que la acusada, quien compartía actividades laborales con la víctima, se apropió de la tarjeta y la utilizó en reiteradas ocasiones. Entre los gastos relevados por la Justicia figuran compras de mercadería, pasajes de transporte y transacciones en comercios de distintos rubros. Las autoridades procedieron al secuestro de elementos vinculados a la causa y la mujer quedó imputada por el delito de defraudación.
La situación motivó que la sospechosa fuera apartada de su puesto de trabajo mientras avanza la causa judicial. El caso, difundido por ElDoce.TV, expone la vulnerabilidad a la que se enfrentan muchas personas con discapacidad frente a maniobras de abuso y apropiación fraudulenta de sus recursos, sumando preocupación en torno al acceso y la protección de sus derechos económicos y sociales.
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