La entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia interpuso un recurso directo para anular la resolución de la Inspección General de Justicia que frenó el cambio de jurisdicción
Mientras todos los flashes apuntaban a Claudio “Chiqui” Tapia por su indagatoria en la causa por retención indebida de aportes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó el jueves de la semana pasada una presentación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con el fin de anular una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) y destrabar así su mudanza a la provincia de Buenos Aires.
El escrito de 100 páginas, al que Infobae tuvo acceso, denuncia la existencia de múltiples vicios procesales. Según la apelación, los inspectores estatales constataron el nuevo domicilio institucional sin notificar a la parte interesada y ello habría impedido a los abogados controlar los informes oficiales a tiempo.
El acceso al expediente también motivó quejas. En el recurso, la AFA sostuvo que “para poder conocer su contenido esta parte debió esperar más de una semana y abonar la suma de $ 36.000 en concepto de copias” para acceder a datos que “ya habían sido filtrados y comentados en distintos medios“.
La apelación dedica un apartado extenso a cuestionar el “raid mediático” protagonizado por Vítolo. El documento enumera más de 20 entrevistas donde el ahora exfuncionario anticipó el rechazo al traslado semanas antes de la conclusión del trámite. La presentación destaca que el entonces inspector general calificó el cambio de jurisdicción como “una mudanza ficticia” y preanunció el resultado del expediente al afirmar en público: “Hoy, para la Inspección General de Justicia, la única jurisdicción es la Capital Federal y su sede social es la calle Viamonte. No caben dudas“.
El escrito denuncia también presuntas irregularidades procesales, como expedientes físicos con la orden expresa de “no foliar” y requerimientos contables firmados por empleados transitorios sin designación legal. Al tiempo que califica de contradictorio el principal argumento de la IGJ para frenar la mudanza: la supuesta existencia de balances pendientes de evaluación entre 2017 y 2024.
El recurso destaca que el organismo emitió un certificado el 7 de noviembre de 2024 donde dejó constancia oficial de que la entidad estaba “al día con la presentación de los estados contables“, acusando a la administración de utilizar demoras burocráticas propias como pretexto.
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