La Justicia revocó el desalojo en FATE y legitimó la protesta del sindicato por el cierre de la fábrica
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de San Isidro rechazó el fallo de primera instancia y reconoció que se trata de un conflicto laboral y no de una cuestión penal. El SUTNA pidió que la fábrica pase a control temporal del gobierno bonaerense
El conflicto laboral en la fábrica FATE de San Fernando, que se intensificó tras el anuncio de cierre y el despido de 920 trabajadores, dio un giro judicial clave. La Justicia desestimó el pedido de desalojo del establecimiento, que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) ocupa desde el 19 de febrero para defender los puestos de trabajo.
El tribunal, integrado por los jueces Juan Stepaniuc, Luis Cayuela y Leonardo Pitlevnik, fundamentó con unanimidad que en el marco del cierre de la empresa y ante el riesgo de vaciamiento, “los operarios de la empresa Fate S.A. han decidido tomar una vía de acción directa e ingresar a la fábrica donde trabajaban en defensa de sus puestos de trabajo. La huelga, como expresión más pura del reclamo, se encuentra reconocida como derecho en el artículo 14 bis de la CN y se trata de un medio de acción directa, de carácter colectivo, destinada a preservar o conquistar derechos o intereses de los trabajadores”, según consta en la sentencia.
En la resolución judicial anterior, el fiscal Marcelo Fuenzalida impulsó la orden de desalojo, al alegar que los trabajadores habían ingresado mediante “violencia y en forma clandestina” y que “turbaron la pacífica e ininterrumpida posesión que detentaban sus propietarios”.
Frente a esa acusación, el titular del SUTNA, Alejandro Crespo, apeló e insistió en que la medida de ocupación era una herramienta gremial ante el cierre, y no de una usurpación. El tribunal de alzada validó la postura de la parte sindical.
“Como se dijo se trata de una causa en la que el motivo que habría llevado a la actual situación es la pérdida de la fuente laboral de un grupo de entre 900 y 1000 empleados. Más allá de lo que corresponda resolver sobre el fondo y de reconocer que el conflicto importa también una posible afectación al derecho de propiedad, también es cierto que la afectación de un derecho constitucional con relación a los trabajadores, a quienes se lanzaría del inmueble, importaría un gravamen irreparable que justifica ingresar al tratamiento del presente recurso”, agrega el fallo.
El tribunal indicó la acción directa “se trata de una medida derivada de su rol de representante sindical, destinada a la defensa de la fuente de trabajo, y reconoce la autoridad que, tanto a nivel provincial como nacional, intervienen en la resolución del conflicto laboral”.

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