Reforma laboral: cuál será el costo fiscal del proyecto tras los cambios en Ganancias y el fondo para indemnizaciones

Un informe privado que el impacto directo en las cuentas públicas del nuevo esquema laboral se redujo un 48% respecto a la iniciativa original

La media sanción de la reforma laboral en el Senado de la Nación no solo modificó las condiciones de contratación y despido, sino que alteró profundamente el mapa fiscal proyectado por el Poder Ejecutivo. El eje central de este cambio reside en la eliminación del artículo que recortaba el impuesto a las Ganancias para sociedades y la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya estructura de financiamiento fue rediseñada, impactando directamente en la recaudación nacional y en la distribución de recursos con las provincias.

Sin embargo, tras las negociaciones en el Senado, se estableció un esquema diferenciado: la reducción será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. Como consecuencia, el costo fiscal directo del FAL bajó a 0,37 p.p. del PBI en el escenario base. El informe técnico aclara que existe una cláusula que faculta al Gobierno Nacional a incrementar esta reducción en 0,5 puntos adicionales, lo que elevaría el costo del fondo a 0,46 p.p. del PBI.

Al tratarse de una reducción en un tributo no coparticipable, este costo es absorbido en su totalidad por la administración central, sin afectar de manera directa las transferencias automáticas a las jurisdicciones provinciales.

Uno de los factores determinantes para la caída del costo fiscal total de la reforma fue la eliminación de la baja en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para empresas. El proyecto original preveía una reducción que costaría 0,22 p.p. del PBI, afectando recursos coparticipables. Al suprimirse este punto en la versión final, el costo fiscal por este concepto se redujo a cero.

Por otro lado, se mantuvo la eliminación de ciertos Impuestos Internos, lo que representa un costo fiscal de 0,1 p.p. del PBI. En este caso, al ser un impuesto que se distribuye federalmente, la pérdida de recursos se divide en 0,04 p.p. para la Nación y 0,06 p.p. para el conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La reconfiguración del proyecto favoreció notablemente las arcas provinciales en comparación con la propuesta inicial. El informe del Iaraf destaca que, mientras el costo para el Gobierno Nacional descendió un 42% (de 0,71 p.p. a 0,41 p.p. del PBI), el impacto para las provincias y CABA se desplomó un 69%, pasando de 0,19 p.p. a solo 0,06 p.p. del PBI.