Extorsión y muerte en la Quinta de Olivos: rechazan excarcelar a las acusadas por el suicidio del soldado

La jueza Sandra Arroyo Salgado denegó la libertad a tres mujeres de la banda que operaba desde la cárcel. Están imputadas por extorsionar a Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida en la residencia presidencial

La titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó los pedidos de excarcelación presentados por las defensas de tres mujeres acusadas de integrar una organización criminal dedicada a la extorsión. La banda, que operaba desde penales bonaerenses con apoyo externo, es la principal investigada por el suicidio del soldado voluntario Rodrigo Gómez, el joven de 21 años que se quitó la vida en diciembre pasado mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos, agobiado por las amenazas.

Junto al cuerpo, los investigadores encontraron una carta. En ella, la víctima explicaba que había tomado la drástica decisión tras ser víctima de una extorsión sistemática que lo había dejado sin salida económica y emocional. Ese manuscrito fue la llave que permitió a la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) y a la fiscalía de San Isidro desentrañar el funcionamiento de una red delictiva que operaba con impunidad desde el encierro.

Según reconstruyó la pesquisa, la banda criminal tenía una estructura mixta. Era liderada por dos internos alojados en la Unidad N° 36 de Magdalena y contaba con la participación de otro preso en la Unidad N° 26 de Lisandro Olmos. Las mujeres detenidas cumplían un rol logístico clave en el exterior: facilitaban sus cuentas de billeteras virtuales para recibir el dinero de las víctimas y proveían chips telefónicos para que los reclusos pudieran operar desde las celdas.

El modus operandi era despiadado y repetitivo. Los delincuentes creaban perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas, específicamente en “Evermatch”, para captar hombres y derivar la conversación a WhatsApp. Una vez establecido el vínculo, comenzaba la pesadilla.

La víctima recibía un audio de una mujer que decía ser la madre de la joven contactada, advirtiendo con tono desesperado que su hija era menor de edad y que estaban en la comisaría para radicar una denuncia. Acto seguido, entraba en escena un falso policía -cuya identidad era usurpada-, quien presionaba al hombre para que transfiriera dinero de inmediato bajo el pretexto de “arreglar la situación” y evitar una causa penal.

En el caso del soldado Gómez, la presión fue insoportable: el 15 de diciembre, un día antes de su muerte, lo obligaron a transferir $1.413.000 a dos cuentas de Mercado Pago controladas por la banda.