Conflicto de competencia en la causa AFA: la Cámara de San Martín define si el caso llega a Casación

El tribunal deberá resolver en los próximos días si admite el recurso del fiscal contra la derivación de la investigación por la lujosa mansión de Pilar del fuero Penal Económico al juzgado federal de Campana

En el marco de un conflicto de competencia, la Cámara Federal de San Martín deberá resolver esta semana si admite el recurso presentado por Carlos Cearras, fiscal general ante ese tribunal, en la investigación penal conocida como causa AFA, que analiza el origen de los fondos utilizados para la compra de una propiedad de lujo en el partido bonaerense de Pilar y otros bienes de alto valor, adquiridos a través de presuntos testaferros. La decisión no ingresará en el fondo del expediente, pero determinará si el reclamo del Ministerio Público Fiscal es elevado a la Cámara Federal de Casación Penal o si el fiscal queda habilitado a recurrir en queja ante ese tribunal, el máximo órgano penal del país.

La discusión no gira en torno a la validez de las medidas adoptadas ni a la hipótesis investigada, sino a qué jurisdicción debe continuar con la pesquisa. Cearras sostiene que el proceso debe regresar al juzgado en lo Penal Económico, donde intervino en sus primeras etapas el juez Marcelo Aguinsky.

El conflicto se originó cuando el juez González Charvay reclamó el expediente tras aceptar un planteo del monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, titulares formales de los bienes bajo lupa, señalados en la causa como supuestos testaferros o “prestanombres”. El pedido fue formulado a fines de diciembre y se apoyó en el argumento de que la finca bajo análisis se encontraba ubicada en el partido de Pilar. En consecuencia, al solicitar la inhibitoria de su colega porteño, el juez de Campana invocó la garantía del juez natural -prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional- y señaló que la investigación debía tramitar ante el juzgado federal con competencia territorial en la zona donde se localizaba la casa.

El juez Aguinsky rechazó apartarse de la causa. En su respuesta, expresó que el eje de la investigación no era el inmueble en sí, sino el posible delito precedente, que -según su criterio- sería una administración fraudulenta en perjuicio de la AFA. Como elemento central, consideró que el titular formal de la quinta y de los vehículos de alta gama realizaba consumos con una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta corporativa de la entidad deportiva, con sede en la calle Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires. Bajo ese razonamiento, aseveró que el foco del expediente se encontraba en CABA y no en Pilar, y que la especialidad del fuero Penal Económico resultaba determinante para la continuidad de la investigación bajo su cargo

Al resolver la contienda, la Cámara Federal de San Martín dio la razón al planteo del juzgado de Campana. En su voto, el camarista Lugones entendió que la competencia judicial debía definirse a partir del lugar donde se habrían materializado las maniobras patrimoniales investigadas y no exclusivamente por el sitio donde podría haberse producido el eventual delito precedente. En ese sentido, consideró fundamental que el inmueble investigado se encontrara radicado en el partido de Pilar, dentro de la jurisdicción del Juzgado Federal de Campana.

El camarista entendió además que, tratándose de una pesquisa por presunto lavado de activos, el eje territorial de los hechos investigados debía primar a los fines de fijar la competencia. Como argumento adicional, su resolución tuvo en cuenta que la AFA inscribió en noviembre de 2024 un cambio de domicilio legal a una dirección ubicada en Pilar, algo que -precisó- reforzaba el vínculo territorial de la causa con esa jurisdicción. Con base en esos elementos, la Cámara Federal de San Martín dispuso la remisión del expediente a Campana y apartó al juez Penal Económico.