Confirmaron la prisión preventiva de una mujer acusada de integrar una red de trata que operaba con turistas

La Cámara Federal de Corrientes rechazó la excarcelación y el arresto domiciliario solicitados por la defensa y sostuvo que subsistían los riesgos procesales en una causa que investiga una presunta explotación de víctimas en condiciones vulnerables

La Cámara Federal de Corrientes confirmó este viernes la prisión preventiva de una mujer imputada por integrar una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, investigada por ofrecer servicios a turistas que visitaban la provincia a través de un esquema coordinado de captación, traslado y explotación de mujeres. Al rechazar el recurso de apelación presentado por su defensa, el tribunal de alzada ratificó la decisión que había denegado la excarcelación y otras medidas alternativas, al considerar que subsistían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación en una causa que se encuentra en una etapa inicial.

A partir de ese primer contacto, la organización coordinaba encuentros en cabañas u hoteles de la zona y disponía los traslados de las víctimas mediante distintos vehículos, cuyos conductores actuaban como remiseros. Según la investigación, la imputada no se limitaba a tareas accesorias, sino que asumía funciones centrales: organizaba los desplazamientos, mantenía el vínculo con los clientes, administraba los pagos y distribuía el dinero proveniente de la explotación sexual.

Las actuaciones judiciales consignaron que, a través de comunicaciones telefónicas, la mujer impartía instrucciones a otros integrantes de la banda, fijaba condiciones para los encuentros sexuales y supervisaba la logística general del circuito. Ese conjunto de elementos fue valorado por el juzgado de primera instancia como indicativo de una participación activa dentro del entramado delictivo investigado.

Por estos hechos, el Juzgado Federal interviniente le atribuyó el delito de trata de personas con fines de explotación sexual (artículo 145 bis del Código Penal), agravado por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, la pluralidad de sujetos pasivos afectados y la intervención de múltiples sujetos activos, todo ello en carácter de coautora. En ese marco, el magistrado de primera instancia subrayó que la escala penal prevista para esa calificación excluyía, en abstracto, la posibilidad de una condena de ejecución condicional.

Al analizar el pedido de excarcelación y de otras medidas de morigeración presentado a comienzos de enero, dicho juez estimó que persistían “riesgos procesales“ concretos. En particular, ponderó la gravedad de los hechos imputados, la envergadura y escala de la organización y la expectativa de la pena, factores que -a su criterio- incrementaban el “peligro de fuga“. A su vez, advirtió que la causa se encontraba en una fase incipiente y que la imputada, en libertad, podría interferir en la producción de prueba referida al caso.

En ese sentido, sostuvo que la eventual liberación de la acusada podría obstaculizar declaraciones testimoniales del personal actuante y de las víctimas, así como de otras diligencias clave como el análisis pericial de celulares.