Incendio en el Parque Nacional Los Alerces: investigan la responsabilidad penal de varios funcionarios públicos

La Fiscalía Federal de Esquel informó que se encuentra en trámite una investigación. Está destinada a quienes tienen a cargo las políticas vinculadas al manejo del fuego en la región

La situación en el Parque Nacional Los Alerces sumó este martes un nuevo capítulo judicial y político. La Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, a cargo del fiscal federal Santiago Roldán, confirmó que se encuentra en trámite una investigación penal para determinar la posible responsabilidad de los funcionarios competentes en el manejo del fuego. El expediente busca establecer si existió “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en la respuesta estatal ante el incendio que, tras iniciarse el 9 de diciembre de 2025, ya afectó más de 35 mil hectáreas.

Ante este escenario, el fiscal Roldán ordenó medidas de prueba que incluyen pedidos de informes a la Administración de Parques Nacionales (APN) y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Además, dio intervención a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Policía Federal Argentina para realizar pericias técnicas, aclarando que la instrucción avanza “cuidando de no afectar las tareas de combate del fuego” que continúan activas.

En simultáneo al avance judicial, la Cámara de Turismo de Chubut elevó un informe al presidente de la APN, Sergio Martín Álvarez, en el que calificó el accionar de las autoridades como un “grave incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones”.

El documento cuestiona la capacidad de respuesta inicial. Si bien el incendio se habría originado por la caída de un rayo entre el 6 y el 8 de diciembre en el brazo sur del Lago Menéndez, el foco recién fue detectado el día 9. Para la Cámara, el despliegue posterior fue insuficiente: señalan que se contó con apenas dos helicópteros y un hidroavión Tracker para operar en una zona de difícil acceso, pese a que los pronósticos de temperaturas extremas anticipaban un escenario de alto riesgo.

Entre las decisiones operativas cuestionadas, el informe menciona la exigencia de desinfectar el calzado de los brigadistas previo al embarque. Según la CATCH, estas prácticas de bioseguridad resultaron inadecuadas en el contexto de un incendio de propagación acelerada, ya que priorizaron protocolos menores frente a la urgencia de contener el avance de las llamas.

Otro punto central del reclamo es la gestión de la información. La entidad denunció la falta de actualizaciones claras entre el 20 de diciembre y el 5 de enero. Citaron como ejemplo el corte de la Ruta Nacional 71: el 5 de enero se comunicó que el cierre se debía a “tareas de mantenimiento”, y recién al día siguiente se informó que la causa real era el avance del fuego.