La Justicia rechazó un recurso de la defensa de Cristina Kirchner para ampliar el ingreso de personal doméstico

El Tribunal Oral Federal 2 ratificó las condiciones del régimen de prisión domiciliaria y dejó sin efecto un planteo presentado mientras el tema es analizado por la Cámara Federal de Casación Penal

Cristina Fernández de Kirchner cerró 2025 con un nuevo revés judicial por las visitas durante la ejecución de su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 rechazó un recurso de su defensa, vinculado a un pedido para que revise una decisión sobre la ampliación de permisos para el ingreso de personal doméstico.

El tribunal recordó que ya había contemplado la necesidad de garantizar el aseo y mantenimiento de la vivienda, autorizando el reemplazo de otras dos personas por este nuevo ingreso. No obstante, aclaró que sólo podrá efectivizarse una vez que la ex presidenta sea externada del sanatorio Otamendi y regrese a su domicilio. Se descartó que exista una restricción irrazonable. “No se advierte arbitrariedad ni rigor excesivo alguno, sino una razonable ponderación de las circunstancias del caso y de los fines propios del régimen de ejecución de la pena bajo modalidad domiciliaria”, sostuvo el magistrado.

Este conflicto se enmarcó en uno más amplio por las visitas y al régimen impuesto a la ex presidenta en su prisión domiciliaria. Al respecto el Tribunal recordó que todo está ya apelado ante la Cámara Federal de Casación Penal pero sin efecto suspensivo, por lo que las restricciones continúan plenamente vigentes.

Ese régimen fija un máximo de tres personas por día, visitas que no pueden extenderse más de dos horas, autorizaciones solo en dos oportunidades semanales, salvo circunstancias excepcionalísimas, y la obligación de requerir autorización judicial previa para toda persona que no esté incluida en una nómina habilitada. A ello se suma la limitación para el uso de espacios comunes: la ex presidenta solo puede acceder a la terraza del edificio una vez por día, en horario diurno —entre las 6 y las 20— y por un lapso máximo de dos horas.

La discusión de fondo quedó ahora en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá definir si esas reglas constituyen un control razonable de la ejecución de la pena o si implican, como sostiene la defensa, un agravamiento ilegítimo del castigo, contrario a los principios de legalidad y a los estándares de derechos humanos.

Un dato clave es que, si se habilita la feria judicial de enero, la definición podría quedar en manos de la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal, que tendría competencia para intervenir de manera excepcional durante el receso.