Tribunal de Cundinamarca ordenó notificación internacional en demanda contra convenio de pasaportes entre Colombia y Portugal
La decisión judicial exige que la Procuraduría asuma la traducción y entrega de documentos a la entidad portuguesa, lo que podría demorar la discusión de fondo y favorecer la gestión del Ejecutivo
El litigio entre la Procuraduría General de la Nación y la Cancillería por el convenio de $1,3 billones firmado con Portugal para la producción de pasaportes en Colombia enfrenta una dilatación significativa debido a trámites judiciales internacionales.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió el lunes 15 de diciembre una solicitud de aclaración presentada por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, estableciendo que la notificación a la entidad portuguesa debe realizarse a través de un procedimiento internacional.
“En el caso de que, sin que LIBRAR Carta Rogatoria (y sus anexos), por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y/o la autoridad central, en la dirección que obra en el expediente, dirigida a la autoridad judicial competente de la jurisdicción de IMPRESA NACIONAL – CASA DA MODA, S.A., con domicilio en la AVENIDA OUTO DE JULMEIDA – EDF. COSTA BRAVA, segundo piso (ingreso: Lisboa, freguesia: Arroyo, número: 1004-020 LISBOA), de los Estados Unidos de Portugal, para que se practique personalmente la notificación de la demanda a IMPRENTA NACIONAL – CASA DA MODA, S.A., a través de su apoderado judicial, conforme a lo dispuesto por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y demás normativa en cuanto a conducto del agente diplomático”, dice el documento emitido por el Tribunal Superior de Cundinamarca.
Este trámite, que exige la intervención de la Cancillería y la traducción de todos los documentos al portugués, puede extenderse durante varios meses antes de que el caso sea discutido en profundidad.
Según la decisión, la Procuraduría, como parte demandante, deberá asumir el costo y la entrega de las traducciones oficiales en un plazo de diez días hábiles.
El origen del conflicto se remonta al 28 de julio de 2025, fecha en la que se firmó el convenio con la Casa de la Moneda de Portugal, acuerdo que sustenta el nuevo esquema de expedición de pasaportes en Colombia.

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