Derogaron 973 normas para que la producción de vinos tenga menos controles: cuáles son los cambios para el sector

El nuevo marco legal promueve eliminación de trámites y facilita la operatividad para empresas dedicadas a la bebida más tradicional del país, según una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), junto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, impulsó la derogación de 973 normas y modernizó el sistema de regulación sobre la producción, industrialización, comercialización, exportación e importación de vinos en la Argentina. La Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, inicia la aplicación de un régimen que elimina cerca del 80% de las antiguas disposiciones vigentes, calificadas como obsoletas tanto por los organismos como por referentes del sector.

El impacto directo de la resolución afecta tanto a productores primarios, bodegas, elaboradores artesanales, fábricas de mosto y espumosos, elaboradores de vino casero, plantas fraccionadoras, laboratorios de análisis y todos los operadores con registro en el INV. Ahora, la autoridad de aplicación solo verificará el producto terminado en el tramo final de la cadena, lo que implica el cese de aproximadamente 5.000 fiscalizaciones presenciales anuales en toda la industria.

Uno de los cambios inmediatos es la eliminación de la Declaración Jurada semanal de elaboración, así como las multas y sanciones por la presentación fuera de término de declaraciones juradas y los permisos de tránsito. Según los datos oficiales, las bodegas generaban más de 140.000 permisos cada año que debían solicitar al instituto para mover sus productos.

El texto normativo aclara que las certificaciones de origen, añada y varietal pasan a ser opcionales y estarán a disposición de los productores interesados por razones comerciales. El INV, no obstante, mantendrá la emisión de las certificaciones requeridas para exportaciones cuando lo exijan los países compradores.

De acuerdo con los fundamentos presentes en la resolución, el cambio persigue dos objetivos principales: simplificar procesos y alinearse con las mejores prácticas internacionales, promoviendo a la vez una “gestión pública ágil, eficaz y de calidad en la atención del bien común”. A su vez, la eliminación de los controles en etapas intermedias busca cerrar espacios para la discrecionalidad en la aplicación de sanciones y fiscalizaciones, y reducir riesgos de corrupción.

El presidente del organismo, Carlos Tizio, firmó la resolución y especificó que el nuevo régimen entrega a la industria la capacidad de responder con rapidez a los desafíos del contexto internacional. La medida cuenta con el apoyo del titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien celebró en redes sociales la supresión de normas y la redefinición total del rol del instituto regulador. “La Resolución 37/2025 deja atrás décadas de burocracia absurda en el sector vitivinícola. La Resolución deroga 973 normas (sí, 973!) y redefine completamente el rol del organismo”, subrayó Sturzenegger en su posteo.