“Ley de buena muerte”: cómo son los distintos proyectos de eutanasia que se impulsan en Argentina
Los bloques del peronismo, la UCR y el PRO presentaron en los últimos años varias iniciativas para regular la muerte voluntaria de manera asistida. En qué se diferencian y que comparten con la aprobación de la norma en Uruguay
Desde hace años, diputados y senadores de las más diversas identidades políticas proponen legalizar la eutanasia, con proyectos que apuntan a remover todas las barreras jurídicas para las personas que quieren terminar con su vida, ante un cuadro de salud grave o incapacitante. Emulando a otros países, Uruguay aprobó ayer un nuevo marco normativo. Argentina, en cambio, la idea está paralizada.
Entre la Cámara de Diputados y el Senado, se presentaron en los últimos dos años 5 proyectos orientados a habilitar la eutanasia. Todos tienen estado parlamentario y llevan los nombres de “Ley de Buena Muerte”, “Buena muerte médicamente asistida” o “Régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida”, entre otros.
Los autores de las iniciativas atraviesan el conjunto del campo ideológico. Llamativamente, hasta ahora no lograron consensuar un texto para darle sanción.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), hoy aliado de Javier Milei, viene presentando una propuesta desde el 2021 -el año pasado volvió a ingresarla-, en conjunto con la senadora Mariana Juri. Define la regulación de la eutanasia activa bajo el principio de respeto a la autonomía, dignidad y libertad de las personas que padecen enfermedades graves, incurables o padecimientos crónicos e imposibilitantes a partir de los 16 años.
Las características salientes de ese proyecto de 20 artículos apunta a garantizar la recepción de ayuda para morir a las personas en esas condiciones, estableciendo requisitos estrictos de capacidad, consentimiento y procedimiento, y derechos como el acceso a información, trato digno, confidencialidad, y como la cobertura total de la prestación en el sistema de salud público y privado.
Además, crea una Comisión Médica de Asistencia y Evaluación en cada provincia, con funciones de control, evaluación y resolución de solicitudes; y reconoce la objeción de conciencia individual de los profesionales de la salud, obligando a la derivación oportuna del paciente y estableciendo sanciones por incumplimiento. Por otro lado, modifica el Código Civil y Comercial para permitir directivas médicas anticipadas que incluyan la eutanasia activa, considerando la muerte resultante como natural a efectos legales.

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