Casación rechazó un planteo de un coleccionista de objetos nazis y quedó a un paso del juicio oralPor Tomás Martino

El anticuario Carlos Olivares recibió un revés judicial del más alto tribunal penal del país en una causa donde se encuentra acusado de contrabando y soborno junto a cuatro familiares y un exfuncionario de la Aduana

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este miércoles una serie de recursos presentados en la causa que tiene como uno de los imputados al anticuario y coleccionista Carlos Alberto Olivares, quien se hizo conocido en 2016 tras un operativo policial que halló en su residencia una gran cantidad de objetos con simbología nazi. En dicho expediente se encuentra acusado junto a cuatro familiares y el exfuncionario aduanero Alberto Guevara por presunto contrabando de mercaderías y pago de coimas para pasar por la aduana sin control. Con esta decisión, las actuaciones volverán a la instancia oral para que comiencen los preparativos del juicio.

El pedido de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal señaló que Oscar Olivares siguió las instrucciones de su hermano Carlos para acordar con Alberto Germán Guevara, en su carácter de Jefe de la Sección Control de Equipaje de AFIP-DGA en la Terminal “A” de Ezeiza, “el ingreso de mercadería, a través del equipaje acompañado, sin efectuar ningún tipo de declaración aduanera y exenta de impuesto, a cambio de una suma de dinero”.

Durante un allanamiento casi inmediato se secuestraron 11.250 dólares y 1.500 pesos en poder de Guevara, un monto que guardaría proporción con la suma que debía recibir el entonces funcionario público a raíz del pacto con la familia Olivares.

Así las cosas, llegadas las actuaciones a instancia oral, todos los imputados solicitaron acogerse al régimen de la ley 27.743, que permite extinguir la acción penal mediante el pago de deudas aduaneras o tributarias. Además, propusieron una reparación integral del daño para dar por cerrado el caso. Sin embargo, el Tribunal en lo Penal Económico N° 2 rechazó ambas solicitudes en septiembre del año pasado.

En su voto, el juez Losada del tribunal de juicio argumentó que los ilícitos en cuestión “implican actos de corrupción en la administración pública con capacidad suficiente para afectar los valores de una sociedad democrática” y que por tanto “toda solución alternativa de extinción de la acción penal resulta improcedente”.

El juez García Berro coincidió en que el beneficio previsto por la ley 27.743 “se extiende únicamente a casos en los que la acción penal persiga exclusivamente un perjuicio en materia fiscal”. En este caso, no solo se investigaba un caso de contrabando agravado por la intervención de más de tres personas, sino también posibles sobornos con participación de un agente de Aduana, lo que excedía el ámbito tributario.

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