![\"Hombre](\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/RARNUXDD35HKLK5YP7KJRC4CYA.png?auth=54911238cf3d6cc4bcb69efc4462da183c95621a877393d11614ad6ca334fcfb&smart=true&width=992&height=541&quality=85\")
<\/picture>En un contexto de fuerte suba de la morosidad<\/b>, un jubilado con domicilio en Posadas, Misiones, present\u00f3 ante la Justicia Federal una demanda por \u201csobreendeudamiento inducido\u201d <\/b>contra dos bancos, organismos de cr\u00e9dito, una billetera digital y una agencia de cobranzas, y dej\u00f3 planteada la posibilidad de declararse en quiebra<\/b> si el tribunal rechaza la reestructuraci\u00f3n de sus deudas, que superan los $150 millones frente a un ingreso neto mensual inferior a 1.500.000 pesos.<\/p>\n
La acci\u00f3n fue impulsada por una consultora legal misionera e involucra a dos instituciones bancarias, dos organismos de cr\u00e9dito vinculados a las Fuerzas Armadas, un proveedor de servicios financieros digitales, una agencia de cobro extrajudicial y tres administradoras de tarjetas de cr\u00e9dito. El planteo central sostiene que el hombre no incurri\u00f3 en morosidad voluntaria: fue v\u00edctima de un circuito de refinanciaci\u00f3n encadenada que, con el tiempo, lo condujo a una cesaci\u00f3n de pagos de la que no puede salir por sus propios medios.<\/p>\n
De acuerdo al escrito presentado, el jubilado ten\u00eda un historial crediticio sin antecedentes negativos. Hab\u00eda cancelado un cr\u00e9dito hipotecario en 2017 y no registraba deudas relevantes al momento de iniciar el proceso de endeudamiento. <\/p>\n
Sin embargo, todo cambi\u00f3 en enero de 2024, cuando tom\u00f3 un primer pr\u00e9stamo bajo la modalidad UVA<\/b> para realizar refacciones en su vivienda. A partir de ese momento, la din\u00e1mica financiera se convirti\u00f3 en una espiral dif\u00edcil de detener y cada nuevo cr\u00e9dito se destinaba, en su mayor parte, a cancelar el anterior, a cubrir cuotas de tarjetas de cr\u00e9dito o a sostener los gastos cotidianos del grupo familiar.<\/p>\n
A lo largo de 2024 y los primeros meses de 2025, el denunciante contrat\u00f3 nueve pr\u00e9stamos sucesivos<\/b> con una de las entidades bancarias demandadas, bajo la modalidad UVA. El capital total otorgado ascendi\u00f3 a $49.312.068, pero por efecto de la indexaci\u00f3n y la capitalizaci\u00f3n de intereses, la deuda con esa sola entidad trep\u00f3 a 83.168.321,75 pesos<\/b>. <\/p>\n
Al sumar los pasivos con los restantes acreedores \u2014tarjetas de cr\u00e9dito, organismos de cr\u00e9dito con descuento directo sobre el haber previsional y una billetera digital\u2014, el total supera los $150.000.000, monto acumulado, exigible y ejecutable que la demanda califica de materialmente imposible de afrontar.<\/p>\n
La carga mensual estimada para cubrir el conjunto de las obligaciones supera $1.600.000, cifra que excede el haber previsional neto del jubilado. La demanda se\u00f1ala que todos los cr\u00e9ditos fueron contratados de forma digital, sin instancia presencial ni asesoramiento personalizado, y sin que el actor recibiera informaci\u00f3n clara sobre el costo financiero total, la evoluci\u00f3n de las cuotas bajo el sistema UVA ni el impacto acumulativo del endeudamiento sobre sus ingresos.<\/p>\n
Uno de los ejes del reclamo apunta a la entidad bancaria se\u00f1alada como \u201cagente originante del endeudamiento\u201d, a quien se le atribuye responsabilidad principal, directa e integral<\/b>. La acusaci\u00f3n incluye haber otorgado los nueve cr\u00e9ditos UVA sin evaluaci\u00f3n real de solvencia, haber montado una refinanciaci\u00f3n estructural encubierta mediante nuevos pr\u00e9stamos destinados a cancelar los anteriores, haber incumplido el deber de informar sobre el costo financiero real y los riesgos del sistema UVA, y haber cerrado unilateralmente la cuenta bancaria del actor, priv\u00e1ndolo de acceso a informaci\u00f3n esencial sobre sus deudas.<\/p>\n A esa misma entidad se le atribuye un hecho aut\u00f3nomo de particular gravedad: haber inducido al jubilado a destinar parte de los fondos crediticios a fondos comunes de inversi\u00f3n bajo promesas de rentabilidad que nunca se materializaron. Seg\u00fan la demanda, el banco no solo omiti\u00f3 informar adecuadamente los riesgos de esa operatoria, sino que luego bloque\u00f3 el acceso al homebanking<\/i>, impidiendo al actor conocer el estado de esas inversiones, verificar movimientos o ejercer cualquier control sobre su propio patrimonio.<\/p>\n La demanda tambi\u00e9n denuncia pr\u00e1cticas de cobranza abusivas<\/b>: una agencia que act\u00faa en nombre de esa entidad bancaria habr\u00eda contactado a familiares del jubilado por correo electr\u00f3nico para informarles la existencia de la deuda y solicitarles que transmitieran el mensaje. Esa conducta, seg\u00fan el escrito, configura una violaci\u00f3n del secreto bancario, una pr\u00e1ctica abusiva de cobranza y una afectaci\u00f3n directa al honor y la dignidad del consumidor, en contravenci\u00f3n del art\u00edculo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor<\/b>.<\/p>\n La segunda entidad bancaria demandada responde, seg\u00fan el escrito, por haber extendido financiamiento y tarjetas de cr\u00e9dito a un consumidor ya sobreendeudado. El an\u00e1lisis preliminar de la documentaci\u00f3n aportada revela un costo financiero total que alcanza el 129,08% de tasa efectiva anual<\/b> en una de sus tarjetas, y la existencia de capitalizaci\u00f3n de intereses que la demanda califica de \u201canatocismo indirecto\u201d: aunque formalmente se proh\u00edbe la capitalizaci\u00f3n, en la pr\u00e1ctica los intereses se incorporan al saldo y generan nuevos intereses. Adem\u00e1s, se se\u00f1ala que el banco absorb\u00eda autom\u00e1ticamente m\u00e1s del 50% del haber previsional del actor para cubrir sus propios productos, dejando al jubilado en cesaci\u00f3n de pagos frente al resto de sus acreedores.<\/p>\n Los organismos de cr\u00e9dito vinculados a las Fuerzas Armadas son se\u00f1alados por haber concedido cr\u00e9ditos con descuento directo sobre el haber previsional sin analizar la capacidad de pago residual del actor. Uno de ellos otorg\u00f3 en enero de 2026 una refinanciaci\u00f3n por $21.339.000, con descuento autom\u00e1tico sobre la jubilaci\u00f3n. <\/p>\n El proveedor de servicios financieros digitales, por su parte, es acusado de haber otorgado financiamiento en un contexto de insolvencia verificable y de haber implementado planes de refinanciaci\u00f3n que, lejos de resolver la situaci\u00f3n, prolongaron el ciclo de deuda. La agencia de cobro extrajudicial responde por haber brindado informaci\u00f3n inconsistente sobre la composici\u00f3n de la deuda y por haber ofrecido planes de pago materialmente inviables.<\/p>\n El reclamo solicita a la Justicia Federal la nulidad parcial de los contratos y de las cl\u00e1usulas consideradas abusivas, la sustituci\u00f3n del \u00edndice UVA por el Coeficiente de Variaci\u00f3n Salarial (CVS)<\/b> \u2014un indicador atado a la evoluci\u00f3n de los ingresos y no a la inflaci\u00f3n\u2014, la reliquidaci\u00f3n integral de todas las deudas y la limitaci\u00f3n de las cuotas futuras a un m\u00e1ximo del 30% del ingreso neto previsional. <\/p>\n Tambi\u00e9n pide la suspensi\u00f3n inmediata de los descuentos autom\u00e1ticos sobre el haber, el cese del devengamiento de intereses y cargos, la eliminaci\u00f3n de los reportes negativos en bases de datos crediticias como Veraz y Nosis, y la reapertura de la cuenta bancaria del actor para garantizarle el cobro \u00edntegro de su jubilaci\u00f3n.<\/p>\n Se reclaman, adem\u00e1s, da\u00f1os patrimoniales por la capitalizaci\u00f3n desproporcionada de la deuda y la p\u00e9rdida de disponibilidad de ingresos, da\u00f1o moral por el estr\u00e9s financiero y la asfixia econ\u00f3mica padecidos, da\u00f1o a la dignidad del consumidor, da\u00f1o existencial por la alteraci\u00f3n del proyecto de vida del actor y su familia, y da\u00f1o punitivo<\/b> contra todas las entidades demandadas, bajo el argumento de que existe un esquema sistem\u00e1tico de lucro basado en el endeudamiento permanente de consumidores de ingresos fijos.<\/p>\n La demanda tambi\u00e9n solicita una medida cautelar urgente que incluye la suspensi\u00f3n de todos los d\u00e9bitos autom\u00e1ticos y acciones de cobro mientras dure el proceso, y la prohibici\u00f3n de nuevas ejecuciones individuales.<\/p>\n En forma subsidiaria, y \u00fanicamente para el caso de que la Justicia rechace la reestructuraci\u00f3n solicitada, la presentaci\u00f3n deja planteada la eventual apertura de un proceso de quiebra de persona humana no comerciante<\/b>, en los t\u00e9rminos de la Ley 24.522. La quiebra se plantea como una salida ordenada y universal que evitar\u00eda ejecuciones individuales descoordinadas, garantizar\u00eda la igualdad entre acreedores y permitir\u00eda organizar el pasivo del actor de forma equitativa.<\/p>\n Los abogados que impulsan la acci\u00f3n advierten que el caso no constituye un hecho aislado, sino que expone una problem\u00e1tica social m\u00e1s amplia vinculada al crecimiento de la mora bancaria, el endeudamiento digital y la utilizaci\u00f3n de mecanismos financieros complejos sobre sectores de ingresos fijos. El expediente, se\u00f1alan, podr\u00eda transformarse en un antecedente sobre el control judicial de las pr\u00e1cticas de cr\u00e9dito al consumo y la responsabilidad de las entidades financieras frente al sobreendeudamiento masivo<\/b> de jubilados y trabajadores pasivos.<\/p>\n<\/div>\n![\"Un](\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/4MEUV2MP5VASZPYCPNMY2TPRKI.png?auth=1de9ec74b9d76769d53daa9aaa124e1e3deadf71be04b6ea3f6900dca6f0cf95&smart=true&width=992&height=541&quality=85\")
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<\/picture>Qu\u00e9 pide la demanda<\/h2>\n
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