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Se realiz\u00f3 la 108\u00b0 Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) para tratar como tem\u00e1tica central los criterios socioecon\u00f3micos para la evaluaci\u00f3n de pensiones no contributivas de discapacidad para la protecci\u00f3n social, para la aplicaci\u00f3n de la Ley de Emergencia en Discapacidad.<\/p>\n
Entre otros aspectos aprobados, se considerar\u00e1 para el c\u00e1lculo de ingresos mensuales netos que la persona que requiera la pensi\u00f3n no supere el equivalente a dos salarios m\u00ednimos, vitales y m\u00f3viles. Se incluye como ingresos las remuneraciones de los trabajadores en relaci\u00f3n de dependencia registrados, las rentas de referencia para trabajadores aut\u00f3nomos y monotributistas, las sumas originadas en prestaciones contributivas o no contributivas nacionales, provinciales, los programas sociales (Monotributo Social), de capacitaci\u00f3n y empleo _incluido el peculio por talleres protegidos- y subsidios por Desempleo, entre otras.<\/p>\n
Se har\u00e1 verificaci\u00f3n de la situaci\u00f3n patrimonial del o la solicitante de bienes inmuebles (puede ser propietaria de hasta un inmueble sobre el cu\u00e1l deber\u00e1 acreditar car\u00e1cter de vivienda \u00fanica familiar y que coincida con el domicilio de residencia) y bienes automotores (ser titular de hasta un bien automotor de antig\u00fcedad mayor a 10 a\u00f1os, si tiene m\u00e1s de un veh\u00edculo o con antig\u00fcedad menor a los 10 a\u00f1os deber\u00e1 justificar c\u00f3mo lo adquiri\u00f3).<\/p>\n
Se acord\u00f3 que si el solicitante de la pensi\u00f3n es extranjero, deber\u00e1 acreditar residencia legal m\u00ednima continuada en el pa\u00eds de 5 a\u00f1os, anteriores a la fecha de pedir el beneficio.<\/p>\n
Otros de los planteos discutidos por los representantes de todas las provincias y de organizaciones de la sociedad civil que son parte de la convocatoria fue el impacto de la Ley de Emergencia en Discapacidad en el sistema de certificaci\u00f3n de CUD por parte de las juntas evaluadoras y el proyecto de ley de fraude en pensi\u00f3n por invalidez propuesto por el Ejecutivo Nacional.<\/p>\n
A su vez, la directora de Personas con Discapacidad de San Juan, Paula Moreno, solicit\u00f3 en este \u00e1mbito la inmediata intervenci\u00f3n de SeNaDis (Secretar\u00eda Nacional de Discapacidad) para la regularizaci\u00f3n de los pagos atrasados -en algunos casos por un lapso de hasta 6 meses- del Programa Incluir Salud, lo que afecta el regular funcionamiento de al menos 14 instituciones socioeducativas y centros de rehabilitaci\u00f3n adem\u00e1s de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad.<\/p>\n<\/p><\/div>\n