La crisis económica y la incertidumbre previa al balotaje presidencial han llevado al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) a suspender dos licitaciones millonarias que estaban programadas para este mes. Esta decisión se debe a la preocupación de que no haya oferentes dispuestos a asumir estos proyectos, debido a la volatilidad de los precios de los materiales de construcción y las incertidumbres sobre posibles cambios en la administración gubernamental.
La inquietud en torno a la falta de oferentes ya se hizo evidente cuando la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) lanzó una licitación para construir aulas destinadas a 800 estudiantes, pero no se presentó ninguna empresa para llevar a cabo el proyecto.
El presidente del EPRE, Oscar Trad, confirmó que decidieron posponer las licitaciones debido a temores similares a los de la UNSJ, es decir, la posibilidad de que no se presenten ofertas. El presidente expresó su preocupación de que la incertidumbre económica y política actual pueda dejar vacantes estas licitaciones, por lo que esperarán hasta después del balotaje presidencial para obtener definiciones tanto económicas como políticas que guiarán las obras públicas a partir de diciembre.
Los proyectos que se han visto afectados por esta decisión son la Estación Transformadora Cañada Honda y la Estación Transformadora Nueva San Juan, ambos esenciales para mejorar la capacidad eléctrica de la provincia y estabilizar el sistema eléctrico, permitiendo mayores inversiones en energía fotovoltaica.
La incertidumbre también ha llevado a las empresas constructoras a ser más cautelosas a la hora de firmar contratos, especialmente aquellos que involucran obras grandes que podrían poner en riesgo su capital y sus suministros de materiales. La incertidumbre sobre si se les pagará lo suficiente para reemplazar estos materiales y si podrán adquirirlos a precios razonables ha llevado a los contratistas a esperar a que se aclare el panorama económico.
Miguel Gili, presidente de la Cámara de Empresas de la Construcción (Caemco), explicó que las empresas evitan asumir obras importantes que no ajusten sus precios de acuerdo con la inflación, ya que hacerlo significaría trabajar a pérdida y enfrentar dificultades financieras.
Además, las empresas constructoras también buscan que los plazos de pago de los certificados de obra sean razonables y que las actualizaciones de precios se basen en índices que reflejen la verdadera inflación, ya que el índice actual, el Índice de Unidad de Vivienda (UVI), no captura adecuadamente el aumento de costos en ciertos materiales, lo que resulta en una distorsión en los pagos que no refleja la realidad de los costos de la obra.
En resumen, la incertidumbre económica y política está generando una parálisis en el sector de la construcción y retrasando importantes proyectos de infraestructura en la provincia. Las empresas constructoras esperan una mayor claridad antes de comprometerse con obras que puedan comprometer sus recursos y rentabilidad.
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