Una histórica planta láctea bonaerense volvió a funcionar nueve meses después de ser declarada en quiebra

La histórica planta láctea La Suipachense, en la localidad bonaerense de Suipacha, volverá a producir tras más de nueve meses de parálisis. Luego de su quiebra, en noviembre del año pasado, el Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes autorizó el alquiler de la fábrica, sus maquinarias y sus marcas a Compañía Láctea Suipacha S.A., una decisión que busca preservar la actividad industrial, sostener empleo y generar fondos para pagar parte de los acreedores.

El plan inicial prevé procesar 50.000 litros diarios de leche, una quinta parte de la capacidad histórica de 250.000 litros, y reincorporar entre 25 y 30 trabajadores en una primera etapa. En su mejor momento, la planta llegó a emplear a 140 personas en la localidad bonaerense.

La resolución fue firmada por el juez Leandro Julio Enríquez del Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes. El contrato incluye el predio industrial, las maquinarias y las marcas Lácteos Conosur y La Suipachense, mientras que el empresario Pablo Acsi es titular de la firma que tomará la planta en alquiler.

Con el contrato en proceso de firma, Compañía Láctea Suipacha S.A. iniciará una etapa de acondicionamiento técnico y de trámites de habilitación ante los organismos de control. El municipio anticipó gestiones conjuntas con ministerios provinciales para agilizar los registros de elaboración y comercialización.

La nueva operación arrancará con tres líneas estratégicas, que a su vez son las más rentables. Entre ellas, leche entera en envase tetra, yogur y leche en polvo -con posibilidades de exportación-. La quesería, una de las categorías más demandadas de la histórica marca, quedará para una fase posterior, supeditada a que la producción gane estabilidad y permita ampliar la dotación de personal.

La decisión judicial respondió a un criterio de preservación del valor productivo. En la resolución, el juez Enríquez sostuvo que la continuidad de la actividad industrial ayuda a sostener puestos de trabajo, dinamiza la economía local y mejora las condiciones de realización futura del activo.

El alquiler además generará ingresos que serán depositados en una cuenta judicial. Esos fondos se destinarán al pago parcial de los acreedores de la empresa quebrada.

Fundada como cooperativa en 1947, atravesó una crisis profunda en los últimos años tras su paso a manos privadas. Primero se asoció con la firma chilena Lácteos Conosur y luego quedó bajo control del grupo Maralac, también propietario de ARSA, empresa que producía yogures y postres bajo la marca SanCor, que también quebró en noviembre de 2025, justo una semana antes que la firma nacida en Suipacha.

Con esa gestión, la compañía buscaba expandir producción y mercados, pero los resultados no llegaron. Se demoraron los pagos a tamberos y proveedores, se acumularon cheques rechazados y los trabajadores empezaron a sufrir atrasos salariales cada vez más largos. A mediados de 2025, la planta apenas elaboraba 40.000 litros diarios. Varias líneas estaban paralizadas y había cortes de gas y electricidad por falta de pago.

Ante la falta de respuestas de los directivos, los empleados tomaron el control de la fábrica con apoyo del gremio lechero Atilra para intentar preservar los puestos de trabajo y sostener la empresa. Sin capital ni financiamiento, la producción terminó por detenerse por completo.

La quiebra llegó con una deuda superior a $ 8.000 millones en cheques rechazados, a la que se sumaban insumos impagos, deudas con productores y una actividad industrial paralizada desde hacía al menos seis meses. La crisis sacó a la etiqueta de las góndolas, al punto que los distribuidores dejaron de recibir sus productos mucho antes de la decisión judicial.

Al mismo tiempo que decretó su quiebra, el Juez ordenó además la clausura del establecimiento de Suipacha, la entrega de bienes a la sindicatura, la inhabilitación definitiva de sus directivos y la prohibición de salida del país para el entonces presidente de la firma, Jorge Luis Borges León.

La paralización dejó sin trabajo a unos 140 empleados y golpeó a la economía de Suipacha, una localidad de poco más de 12.000 habitantes cuyo desarrollo giraba en torno a la planta.