Polémica por el gas importado: exportadores cuestionaron al Gobierno por un fuerte aumento del costo sin previo aviso

Un aumento del 47% en el costo de regasificación del gas natural licuado (GNL) para este invierno generó tensión en el sector agroindustrial argentino. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) envió una carta a la Secretaría de Energía que encabeza María Tettamanti en la que solicitó a la empresa estatal Enarsa una “explicación técnica” por el incremento informado en la subasta realizada a través del Mercado Electrónico del Gas (MEGSA). Según la nota a la que accedió Infobae, el sobrecosto fue comunicado a los participantes horas antes de la compulsa, lo que generó incertidumbre sobre la transparencia y equidad del proceso.

Ciara nuclea a las más grandes empresas del campo que, juntas representan el 48% de las exportaciones argentinas. En el documento, la entidad reclama que Enarsa notificó en el mismo día de la subasta que el valor del servicio de regasificación para el GNL quedaba fijado en USD 5,16 por millón de BTU (MMBTU), muy por encima del monto original de USD 3,50 que establecía el pliego del concurso.

De acuerdo con la carta que cuenta con la firma de Gustavo Idígoras, presidente de Ciara, este incremento inmediato y sin aviso previo no solo altera la estructura de precios, sino que impide “tomar decisiones de compra responsables”, además de repetir errores que llevaron a subastas previas a quedar desiertas por falta de información.

El agro utiliza el gas principalmente como fuente de energía para secado de granos, generación eléctrica y procesos industriales en plantas alimenticias, tambos o frigoríficos. También comienza a ganar terreno como combustible para camiones de larga distancia vinculados a la logística agroindustrial.

Enarsa adjudicó recientemente la importación de nueve cargamentos de GNL para el mes de junio, proceso en el que intervinieron compañías proveedoras internacionales como BP, Vitol y Trafigura, según consignó el medio especializado Econojournal. Aunque la intención inicial del Gobierno era privatizar la operación, la responsabilidad final de compra y logística recayó nuevamente en el Estado a través de Enarsa, empresa estatal que actualmente está bajo la conducción de Tristán Socas.

El precio final que afrontan industrias y generadoras resulta de la suma de tres componentes: el precio internacional de referencia (TTF del mercado de Rotterdam), el spread ofrecido en la subasta de MEGSA y el cargo extra de regasificación impuesto por Enarsa el mismo día de la puja.

En cifras concretas, el pliego original y un informe técnico firmado por la propia Enarsa hace menos de tres semanas ubican el costo de regasificación y logística en USD 3,50 por millón de BTU para mayo. Pero, tras la subasta del 14 de mayo, el valor fue modificado a USD 5,16, superando incluso la oferta de Naturgy que había sido considerada cara en la etapa anterior y que había ofrecido USD 4,51 por millón de BTU.

El comunicado de CIARA señala que este salto “no guarda proporción con la referencia internacional” y representa una carga adicional relevante sobre los precios que debe asumir la demanda industrial local. Sobre un volumen total disponible de 454.500.000 metros cúbicos, el nuevo sobrecosto implica una transferencia millonaria para los abastecedores, cuya razón de ser, advierte la industria, sigue sin explicarse técnicamente.

“No podemos comprometer recursos financieros significativos sobre la base de un cargo cuya composición desconocemos y cuya razonabilidad no podemos verificar”, puntualizó Idígoras.

La carta denuncia que “la comunicación tardía” de Enarsa, apenas unas horas antes de la apertura de la subasta, “impide estructurar una decisión de compra responsable sin contar con información completa y con tiempo razonable de análisis”.

La misiva exige que, en adelante, todo cargo relevante, como el de regasificación, sea informado “con un mínimo de 72 horas de anticipación”, y solicita que se postergue la apertura de subastas futuras hasta que se garantice un proceso equitativo para todos los potenciales participantes. El texto advierte: “El sector está haciendo un gran esfuerzo en participar en el mecanismo MEGSA y de asumir el costo real del servicio de regasificación, incluso con la posibilidad cierta de tener que operar a contra margen por el aumento de este insumo. Lo que no puede hacer es comprometer recursos financieros significativos sobre la base de un cargo cuya composición desconoce y cuya razonabilidad no puede verificar”.

Previo a la subasta, el gobierno había dispuesto que las empresas informaran por anticipado a la Secretaría de Energía qué volúmenes de gas pretendían adquirir a precios internacionales. Si no se confirmaba esa demanda con antelación, las industrias con contratos interrumpibles podrían verse privadas del suministro durante días de bajas temperaturas.

En la primera subasta organizada por Enarsa en MEGSA, las principales industrias y generadoras adquirieron poco más de tres cargamentos de GNL, mientras que las distribuidoras de gas sumaron otro cargamento. La firma Trafigura absorbió la parte restante, equivalentes a cinco cargamentos.

El diferencial introducido por Enarsa en el componente de regasificación, que comprende tanto costos de operación en la planta de Escobar —propiedad de Enarsa e YPF— como los premios cobrados por proveedores internacionales sobre el índice TTF, generó una disparidad inesperada respecto de los mismos parámetros informados oficialmente apenas veinte días antes.

El plan original contemplaba que las empresas privadas asumieran la totalidad del proceso, desde la coordinación de los buques y la gestión de inventarios, hasta la operación de la terminal y la responsabilidad por los riesgos comerciales, incluidas las fluctuaciones de costos y demanda. Para ello, se preveían contratos anuales y la adjudicación de la licitación correspondía a la compañía que presentara el menor costo total, considerando tanto el valor internacional del GNL como los gastos logísticos. La implementación de este esquema, que implicaría mayores tiempos y costos, está proyectada para 2027.

Sin embargo, con el fin de evitar aumentos abruptos en las tarifas que puedan incrementar la inflación, recientemente se conoció que el Gobierno subsidiará el costo de las importaciones de gas natural licuado (GNL) que abastecerán a hogares, hospitales, escuelas y otros servicios prioritarios durante el invierno.

Este mecanismo permitirá aplanar las facturas de gas durante los meses de frío, de manera que los usuarios residenciales afrontarán la diferencia a partir de noviembre, en cuotas distribuidas a lo largo de seis meses. De acuerdo con la resolución del ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial, esta decisión implica que la diferencia entre el costo internacional del GNL —estimado en USD 20 por millón de BTU— y el precio local de abastecimiento —promediado en USD 3,79— será solventada inicialmente por el Estado.

Según cálculos del sector, el monto financiado fluctuaría entre USD 150 y USD 200 millones y recién será trasladado a los usuarios finales una vez que pase el pico de demanda invernal.

Esta modalidad, conocida como Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), constituye un instrumento regulatorio que evita grandes saltos en los servicios, permitiendo que la diferencia entre el costo real del gas importado y el valor que pagan los usuarios se ajuste en los períodos siguientes. Según la norma, el DDA se calcula para cada mes del invierno y se acumula hasta el último día hábil de cada ciclo estacional, asegurando que las empresas distribuidoras no registren pérdidas y los usuarios no sufran subas repentinas en sus boletas.