Fitch aseguró que la mejora fiscal del Gobierno se hizo a expensas del debilitamiento de las finanzas provinciales

Una semana después de haber subido la calificación de la deuda soberana argentina de CCC+ a B-, en base a las mejoras estructurales en el frente fiscal, financiero y externo, la agencia internacional Fitch Ratings decidió mantener sin cambios la nota de los gobiernos provinciales. Y además dejó algunas advertencias: espera que la situación fiscal de las provincias “se debilite en 2026″ por causa de los recortes del Gobierno de Javier Milei a las transferencias a los distritos, lo que afectó desde las obras públicas hasta los salarios docentes.

En su informe, Fitch adjudicó a la motosierra aplicada sobre las provincias el buen desempeño de las cuentas públicas nacionales. En otras palabras, el superávit del que se jacta el gobierno nacional surge de no girar plata a las provincias.

“Parte de la reciente mejora fiscal del Estado se ha producido a expensas del debilitamiento de las finanzas provinciales. Las transferencias discrecionales a las provincias disminuyeron del 1,2% del PIB en 2023 al 0,4% en 2024/2025, mientras que la participación automática en los ingresos se mantuvo. Fitch estima que esta reducción equivale a cerca del 72% del superávit primario proyectado por Argentina para 2026″, señaló la calificadora en su informe.

Fitch espera que las provincias reciban menos apoyo del gobierno federal, a la vez que deberán enfrentar “mayores obligaciones de gasto y una flexibilidad limitada para ajustar sus finanzas”.

Si bien la mejora de la calificación soberana fue positiva para los gobiernos provinciales argentinos, también provocó que se eliminen las restricciones que se aplican cuando un país tiene una calificación inferior a ‘B-’. Por eso, Fitch continuará evaluando los gobiernos locales argentinos de forma individual.

En concreto, explicó Fitch, “las calificaciones de Santa Fe (‘b’) y Ciudad de Buenos Aires (‘bb-’) estaban anteriormente limitadas por el Techo de Calificación de Argentina, pero ahora lo están por la calificación soberana. Córdoba (‘b-’) ahora se encuentra al mismo nivel que la calificación soberana. Otros gobiernos locales argentinos con calificaciones inferiores permanecen sin cambios en el rango de ‘CCC-’ a ‘CC’”.

La agencia advirtió que la reciente mejora en la calificación soberana de Argentina obedece a una posición externa más sólida, cercana a la reapertura del acceso a los mercados internacionales. Pero a la vez puntualizó que esta evolución ocurre paralelamente a un deterioro marcado de las finanzas provinciales, impulsado por la reducción de transferencias nacionales, caída en inversiones y mayor presión de gasto en los presupuestos locales.

La proyección de Fitch para 2026 es determinante: la emisión provincial de deuda alcanzará USD 2.100 millones en 2025 y USD 2.300 millones en los primeros meses de 2026, lo que suma un volumen que representa más del 55% de la acumulación neta de reservas esperada para 2026. El dato anticipa un nivel de endeudamiento subnacional sin precedentes recientes.

En consonancia con este escenario, el informe señaló que la drástica reducción de recursos nacionales ya ha afectado a las provincias. Las transferencias discrecionales nacionales disminuyeron del 1,2% al 0,4% del PIB entre 2023 y 2025. “Fitch estima que esta reducción equivale a cerca del 72% del superávit primario proyectado por Argentina para 2026″, dijo la calificadora.

Fitch detalló qué aspectos de la política de la motosierra beneficiaron las cuentas nacionales mientras se deterioraban las provinciales. Mencionó la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, que “transfirió parte de los costos salariales de la educación a las provincias sin recursos compensatorios equivalentes”. También la falta de acuerdos bilaterales para financiar las cajas jubilatorias provinciales dejaron a los gobernadores “asumiendo los costos”.

El gobierno “paralizó en gran medida la ejecución de obras públicas y redujo las transferencias de capital a las provincias en un 80% en términos reales”, apuntó el informe. Las transferencias de capital en 2024-2025 alcanzaron sus niveles más bajos en dos décadas.

“La reciente reasignación de responsabilidades de inversión en carreteras nacionales podría ejercer aún más presión. Las provincias operan con menos recursos y mayores responsabilidades de gasto, lo que ha provocado una drástica contracción del gasto en inversiones. La inversión provincial en 2024/2025 cayó a mínimos históricos”, aseguró Fitch.

Fitch describe que el saldo fiscal provincial dependerá de la dinámica de tres variables: los ingresos reales, especialmente los flujos por el IVA y el impuesto a las ganancias; la posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento; y la magnitud de las demandas crecientes sobre el gasto a lo largo del año. El informe destaca que “las tendencias acumuladas en lo que va del año apuntan a un mayor deterioro, lo que refuerza la opinión de Fitch de que 2026 será un año muy difícil para el sector provincial argentino”.

El organismo proyecta que el deterioro tendrá su peor expresión en 2027, año en que coinciden elecciones nacionales y provinciales. “Si las provincias consiguen fuentes de financiamiento, el déficit agregado podría ampliarse hasta situarse entre el 4,5% y el 5%, en consonancia con el deterioro histórico promedio durante los ciclos electorales nacionales”, advierte. De no lograr financiamiento, las provincias se verán forzadas a recortar aún más el gasto, un ajuste que Fitch califica como “insostenible”.

Algunas jurisdicciones ya evidencian problemas de liquidez y han comenzado a gestionar “anticipos sobre transferencias de participación conjunta” y buscan “recuperar el acceso al mercado para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda y aliviar las presiones sobre el gasto de capital”.

La combinación de menores ingresos, mayores exigencias de gasto y recursos reducidos llevó a Fitch a concluir: “La presión sobre los saldos provinciales ha aumentado a medida que han crecido sus responsabilidades de gasto”. El informe sostiene que 2026 será un período de máxima tensión fiscal para los gobiernos provinciales.