La Cámara Federal de Salta ratificó la ampliación de cargos contra Raúl Reynoso y José Luis Bruno, acusados de beneficiar a un hombre clave en una red de tráfico de cocaína mediante resoluciones judiciales irregulares
La Cámara Federal de Salta confirmó la ampliación del procesamiento por prevaricato contra el ex juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, y el ex fiscal federal de esa jurisdicción, José Luis Bruno, en el marco de una investigación, bajo la órbita del juez federal Julio Leonardo Bavio, que expuso un patrón de irregularidades judiciales en causas de narcotráfico.
Las pruebas, que incluyeron intervenciones telefónicas y seguimientos, ubicaron a Rojas como pieza clave en la logística del traslado, actuando como “puntero” para alertar sobre controles policiales.
El 10 de enero de 2012, el juez subrogante Ramón Antonio Valor procesó a los tres detenidos como coautores o partícipes necesarios del delito de transporte agravado de estupefacientes, dictando prisión preventiva.
Sin embargo, meses después, el entonces juez Reynoso revocó esa decisión y modificó la calificación de Rojas a “cómplice secundario”, lo que permitió su inmediata liberación. Esta resolución, según la Cámara, se basó en una “clara tergiversación de las constancias de la causa”, omitiendo pruebas fundamentales y otorgando verosimilitud a descargos “contradictorios e inverosímiles”.
La defensa de Reynoso argumentó que la decisión se tomó en un contexto de sobrecarga judicial y falta de recursos, y negó cualquier acuerdo ilícito con el fiscal Bruno. “No existen pruebas de que hubiese acordado con el Fiscal Bruno, actuar de manera ilícita, pues jamás se le encontró dinero. Cada uno desempeñaba el rol que le correspondía”, sostuvo el ex juez en su descargo. Además, señaló que otros magistrados adoptaron criterios similares sin ser acusados penalmente y que su renuncia en 2016 lo eximía de responsabilidad por la posterior fuga de imputados.
Por su parte, la defensa de Bruno alegó que la falta de impugnación a la recalificación de Rojas no puede considerarse un delito, ya que el procesamiento es una medida provisoria y su modificación es habitual en la instrucción penal. También subrayó que la fiscalía actuó bajo una carga de trabajo extraordinaria, con 3.960 causas delegadas a seis empleados, según una auditoría de la Procuración General de la Nación. “La decisión la tenía el fiscal directamente, los expedientes que ingresaban iban a su oficina y él repartía a cada uno, si era algo para apelar tenía un cartelito que decía ‘apelar’”, declaró una empleada de la fiscalía, reforzando la idea de que Bruno tenía control sobre las decisiones de recurrir o no.
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